El debate sobre la transparencia en el ámbito judicial ha resurgido tras una decisión de la fiscal subrogante Mónica Ferrero. Esta medida, que limita la publicación de formalizaciones judiciales y prioriza únicamente las sentencias firmes, ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras del acceso a la información pública. El presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), Fabián Werner, ha señalado preocupaciones significativas sobre cómo esta acción podría afectar la percepción pública de asuntos relevantes. Este contexto incluye casos vinculados a exfuncionarios públicos y refleja tensiones entre periodismo y poder político.

La decisión de Ferrero surge en un momento clave para el sistema judicial uruguayo, donde se discuten temas sensibles relacionados con el manejo de fondos estatales. Según Werner, antes existía una disponibilidad abierta hacia ciertos datos legales que tenían un interés público evidente. Sin embargo, ahora parece haber un retroceso en cuanto a la apertura informativa. Además, algunos sectores políticos han criticado constantemente al periodismo por lo que consideran "filtraciones ilegales". Esto lleva a preguntarse si tal medida no responde a presiones externas.

Para Werner, esta restricción contradice principios fundamentales como la libertad de expresión y el derecho ciudadano al conocimiento directo de cuestiones importantes. Anteriormente, cualquier persona podía acceder sin intermediarios a detalles procesales, lo cual aseguraba una comprensión más clara y objetiva de los asuntos legales. También existe temor de que este precedente pueda ser replicado por otras instituciones gubernamentales.

A pesar de todo, Werner recalca que nada impide que los periodistas continúen investigando y reportando. Aunque la intención inicial de la medida podría ser evitar divulgaciones prematuras, esto no logrará su propósito, ya que los medios siempre encontrarán formas alternativas para obtener información. Además, destaca que en Uruguay los periodistas tienen derecho a proteger sus fuentes, lo que sugiere que la verdadera meta de esta normativa podría ser intimidarlas.

Otro aspecto positivo mencionado por Werner es la eliminación del decreto reglamentario de la Ley de Medios bajo el gobierno de Lacalle Pou. Considera esto como un avance, aunque reconoce que aún quedan pendientes discusiones cruciales con la sociedad civil sobre temas como la concentración mediática y las garantías para menores. Estas conversaciones deben darse de manera inclusiva para construir un marco legal equilibrado.

En definitiva, la polémica decisión plantea desafíos importantes en términos de transparencia y libertades democráticas. Es crucial reflexionar sobre cómo equilibrar la privacidad judicial con el derecho ciudadano a estar informado, especialmente cuando se trata de asuntos que impactan directamente en la vida pública.