El próximo 12 de mayo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abrirá sus puertas a una delegación del Ayuntamiento de Vigo. Este encuentro tiene como objetivo permitir al Consistorio vigués examinar los documentos relacionados con el proceso de selección de sedes para el Mundial 2030, cuya organización será compartida entre España, Portugal y Marruecos. La ciudad gallega fue excluida tras denunciarse un supuesto amaño en las puntuaciones que favoreció a otras ciudades, generando una controversia que ha escalado hasta niveles institucionales.

La RFEF, bajo la dirección de Rafael Louzán, ha autorizado específicamente este acceso tras meses de insistencia por parte del alcalde Abel Caballero. En una carta oficial enviada al Ayuntamiento, se establece que esta revisión deberá realizarse respetando las normas de confidencialidad impuestas por la FIFA. El organismo federativo recalca su compromiso con la transparencia dentro de los límites legales aplicables.

El conflicto adquirió relevancia cuando María Tato, ex responsable de la candidatura mundialista, admitió haber modificado las puntuaciones iniciales. Según ella, esta decisión se tomó tras detectar un error en las valoraciones originales. Sin embargo, su versión fue desmentida por otros miembros del Comité Ejecutivo, quienes niegan cualquier reunión donde se haya discutido tal cambio. Este hecho derivó en el despido de Tato y en una investigación interna.

En paralelo, el Ayuntamiento de Vigo ha iniciado acciones legales mediante el Bufete Montero Aramburu. Estas medidas buscan determinar responsabilidades y recuperar lo que consideran un derecho económico significativo para la ciudad, estimado en más de 100 millones de euros. El alcalde Caballero ha reiterado su intención de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias.

Este evento marca un hito importante en el esclarecimiento del proceso de exclusión de Vigo. La posibilidad de analizar documentación original representa una oportunidad clave para resolver las dudas pendientes y garantizar justicia en un asunto que afecta tanto a la imagen de la RFEF como a los intereses económicos y deportivos de la ciudad gallega.