El reciente fallo judicial en el caso del incendio del Hogar Seguro en Guatemala ha generado un profundo descontento entre las familias afectadas y las supervivientes. A pesar de las condenas impuestas a seis ex-funcionarios, con penas que oscilan entre seis y veinticinco años, y la absolución de un séptimo implicado, las víctimas consideran que la justicia no ha sido plenamente servida. Este sentimiento de insatisfacción radica en la percepción de que las condenas no reflejan la magnitud de la tragedia que cobró la vida de 41 niñas y dejó a muchas otras con secuelas permanentes. La demanda de justicia se mantiene firme, y ahora la mirada se posa en la posible implicación del ex-presidente Jimmy Morales, cuya investigación ha sido solicitada por el tribunal.

La tragedia, ocurrida en 2017, conmocionó a Guatemala y al mundo entero. Un incendio devastador en el Hogar Seguro, una institución estatal, se cobró la vida de 41 niñas y dejó a otras 15 con graves quemaduras. Las víctimas, jóvenes bajo la custodia del Estado, estaban encerradas bajo llave en un aula, lo que impidió su escape. La subinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín, fue condenada a 13 años de prisión por maltrato infantil y homicidio culposo, específicamente por su demora en abrir la puerta del aula. Este detalle resalta la negligencia y la cadena de responsabilidades que llevaron a este desenlace fatal.

El anuncio de la sentencia ha reavivado el dolor y la frustración entre las madres de las víctimas. En la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala, junto a las 41 cruces que simbolizan a las niñas fallecidas, se llevó a cabo una emotiva ceremonia. Las madres, como Carmen Uriaz, expresaron su decepción ante lo que consideran una justicia insuficiente. Sin embargo, un rayo de esperanza surge con la orden de la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes de investigar al ex-presidente Jimmy Morales. La presunta implicación de Morales en la decisión de enviar agentes policiales adicionales al hogar sin seguir los protocolos habituales, podría significar un paso más hacia la rendición de cuentas de todos los responsables, tal como exigen las familias.

Dacia Marcela Ramírez, otra de las madres afectadas, compartió la opinión generalizada de que las condenas deberían haber sido más severas. A pesar de su tristeza, la posibilidad de que Morales enfrente la justicia le brinda una pequeña satisfacción. La lucha por la verdad y la justicia en el caso Hogar Seguro no termina aquí; aún queda un tercer grupo de acusados por enfrentar un posible juicio. Este proceso prolongado, según Ramírez, refleja la compleja y a menudo deficiente situación de la justicia en Guatemala, donde la inmunidad y el poder a menudo obstaculizan el camino hacia la verdad para las familias de escasos recursos.

Elsa Chiquín, madre de una de las niñas fallecidas, manifestó el inmenso dolor que le produce la ligereza de las sentencias y la ausencia de una disculpa por parte de los condenados. A pesar de su desesperación, Chiquín ve un punto positivo en la investigación a Jimmy Morales, esperando que el ex-mandatario rinda cuentas. Asimismo, Paula Barrios, de la organización Mujeres Transformando el Mundo, aunque considera que la sentencia es insuficiente, destaca que esta ha puesto de manifiesto la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de la niñez. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, calificó el fallo de "histórico" y se comprometió a evitar futuras tragedias, reconociendo la incansable lucha de las víctimas y sus seres queridos.