En un contexto de transformaciones institucionales, México enfrenta preocupaciones sobre el retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública. Tras la reforma constitucional que eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y sus homólogos estatales, figuras como Jorge Machuca, exdirector de Comunicación Social del INAI, han manifestado su desacuerdo. Según él, esta decisión representa una pérdida significativa de derechos fundamentales para la sociedad civil.

Detrás de la Reforma: Cambios y Desafíos

En un panorama marcado por cambios legislativos profundos, el país ha reemplazado el INAI con una nueva instancia denominada “Transparencia para el Pueblo”, dependiente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, estas modificaciones han generado dudas sobre la imparcialidad y eficacia del nuevo sistema. En entrevista, Machuca comparó la situación actual con una medida extremadamente desproporcionada, señalando cómo años de avances democráticos podrían quedar truncados. Además, resaltó que el derecho a la información no es exclusivo de los periodistas, sino una herramienta crucial para cualquier ciudadano interesado en servicios básicos o en la rendición de cuentas públicas.

Con la desaparición de organismos autónomos, ahora será necesario recurrir a instancias internas de control para solicitar información relacionada con órganos no federales. Esta complejidad podría generar confusión entre la población, lo que plantea serias interrogantes sobre la accesibilidad real de estos recursos.

Por otro lado, se reconoce que figuras clave, como María Tanivet Ramos Reyes, continúan trabajando dentro de las nuevas estructuras, ofreciendo cierta esperanza para preservar estándares democráticos.

En este entorno lleno de incertidumbres, Machuca subraya la importancia de la participación ciudadana activa como motor de la democracia.

Desde una perspectiva periodística, esta reforma ilustra cómo decisiones políticas pueden afectar derechos fundamentales. Si bien existen profesionales comprometidos en las nuevas dependencias, queda claro que la transparencia requiere equilibrio y autonomía para garantizar justicia y acceso efectivo. Este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer mecanismos que protejan el derecho a la información frente a posibles intereses discrecionales.