En un movimiento destinado a aligerar la carga administrativa sobre los actores de la cadena agroindustrial, el gobierno argentino ha decidido suprimir el Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA). A través de una resolución oficial publicada recientemente, se establece que esta medida entrará en vigor el 6 de mayo. Este cambio busca integrar la información de los productores y operadores comerciales del sector granario bajo un sistema más eficiente llamado Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), gestionado conjuntamente con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Detalles de la Nueva Medida

En un anuncio realizado el pasado martes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dio a conocer su decisión de eliminar el RUCA, vigente desde 2017. Esta iniciativa tiene como objetivo evitar duplicidades en registros y reducir trámites innecesarios. Desde ahora, todos los datos relacionados con los operadores comerciales de la cadena agrícola serán centralizados en el SISA.

Este cambio beneficiará directamente a aquellos inscritos previamente en el RUCA, quienes no necesitarán realizar nuevos trámites, ya que sus datos migrarán automáticamente al nuevo sistema. Para acceder a este registro, se requerirá únicamente la clave fiscal proporcionada por ARCA. Además, se mantendrá temporalmente el sistema de información para carnes y lácteos hasta su eventual integración dentro del marco único.

Con esta acción, las autoridades buscan facilitar el trabajo y optimizar costos para los integrantes de la cadena agroindustrial, promoviendo un entorno más competitivo y eficiente. La gestión y verificación de establecimientos seguirán siendo responsabilidad de la Secretaría de Agricultura.

Desde una perspectiva periodística, esta medida representa un paso significativo hacia la modernización y simplificación de procesos burocráticos en uno de los sectores económicos más importantes de Argentina. Al unificar sistemas y reducir trámites, se espera no solo mejorar la experiencia de los empresarios y productores, sino también fortalecer la capacidad del Estado para manejar recursos de manera más efectiva. Este esfuerzo refleja un compromiso con un modelo económico dinámico que apuesta por el crecimiento sostenible y la transparencia en las relaciones públicas-privadas.