Un informe reciente ha sacudido al organismo PAMI, destacando graves irregularidades que incluyen compras infladas sin licitación, cobros indebidos a proveedores y la exigencia de contribuciones económicas para financiar actividades políticas. Las denuncias han desvelado prácticas oscuras como reuniones secretas y el uso de tecnología para borrar evidencias. Además, se han documentado casos extremos en geriátricos supervisados por este sistema.
Las acusaciones involucran figuras clave del organismo, así como funcionarios ligados a movimientos políticos. Testimonios revelan un esquema donde decisiones importantes se tomaban fuera del alcance de la transparencia institucional, mientras que las presiones internas dificultaban cualquier intento de corregir el rumbo.
El caso destaca cómo altos funcionarios utilizaron sus posiciones para beneficiar intereses personales y políticos. Se mencionan sobrecostos significativos en adquisiciones y la exigencia de fondos bajo amenazas veladas.
En el centro del escándalo, Raúl Carlos Simonetto y Viviana Aguirre describen un entramado corrupto que vincula directamente al liderazgo del PAMI con estrategias ilegales. Los informes indican que se establecieron mecanismos para canalizar recursos hacia La Libertad Avanza mediante coimas ocultas. Estas operaciones se coordinaban fuera de los canales oficiales, utilizando plataformas digitales que garantizaban anonimato y eliminaban rastros electrónicos.
Los detalles presentados en las denuncias muestran una red bien estructurada. Funcionarios eran instados a entregar cantidades sustanciales de sus ingresos, mientras que otros niveles jerárquicos debían cumplir órdenes específicas relacionadas con designaciones y contrataciones. Este patrón no solo comprometió la integridad del organismo, sino que también socavó su capacidad para brindar servicios adecuados a los ciudadanos. La presión ejercida desde arriba creó un ambiente hostil dentro de las filas administrativas, donde quienes objetaban estas prácticas enfrentaban represalias directas.
Las repercusiones de esta gestión deficiente alcanzan áreas sensibles, especialmente aquellas destinadas a proteger a poblaciones vulnerables. Las condiciones insalubres en residencias geriátricas son solo una muestra de la negligencia sistémica.
Investigaciones realizadas por Simonetto exponen un panorama alarmante en cuanto al tratamiento de ancianos dependientes del sistema. En lugar de recibir cuidados básicos, estos individuos fueron expuestos a riesgos innecesarios debido a la falta de supervisión adecuada. Los testimonios recopilados hablan de abandono, agresiones entre residentes y déficits nutricionales severos. Este colapso en los estándares mínimos contrasta con el papel fundamental que debería desempeñar el PAMI.
Además, la denuncia subraya cómo las irregularidades en pagos y licitaciones afectaron directamente la calidad de los servicios médicos ofrecidos. Prestadores legítimos sufrieron retrasos injustificados en sus compensaciones, mientras que empresas afines al círculo interno obtenían contratos ventajosos. Esta dinámica perjudicó tanto a profesionales como a pacientes, erosionando la confianza pública en una institución vital para muchos argentinos.