El exfutbolista Gerard Piqué se presentó recientemente ante la magistrada que investiga el denominado 'caso Rubiales', defendiendo que las cuantiosas comisiones obtenidas de Arabia Saudí dentro del contexto de la Supercopa de España son totalmente legales. Durante su declaración, Piqué rechazó cualquier acusación de haber pagado comisiones a funcionarios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Aseguró que siempre actuó como representante de las autoridades saudíes y no de la RFED, por lo que considera que no incurrió en incompatibilidades.
En una mañana cargada de expectación, el exjugador del FC Barcelona llegó a los juzgados de Majadahonda acompañado por un nutrido grupo de periodistas. Tras dos horas de interrogatorio, Piqué declaró que ha sufrido daños irreparables a su reputación debido al proceso judicial. Presentó facturas que detallan los ingresos recibidos durante años, incluyendo más de 10 millones de euros solo durante las investigaciones judiciales. En un momento emotivo hacia el final de su comparecencia, el exdefensa expresó su frustración, comparando su situación con la de alguien que debería ser homenajeado en otros países por logros financieros similares para la RFEF.
Desde una perspectiva periodística, este caso pone de manifiesto cómo la transparencia y la ética en los negocios deportivos deben ser cuestionadas y debatidas abiertamente. La postura de Piqué invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones entre entidades deportivas internacionales y patrocinadores externos. Este escenario refuerza la importancia de establecer límites claros en acuerdos comerciales que involucren instituciones públicas y privadas.