Nacho Cano, reconocido productor musical, se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para responder a acusaciones relacionadas con prácticas laborales y migratorias. En su declaración, Cano rechazó categóricamente todas las imputaciones y aseguró no haber participado en la organización de becas para estudiantes mexicanos. Además, afirmó ser la máxima autoridad del espectáculo Malinche pero delegaba tareas administrativas. Esta comparecencia se da seis meses después de su arresto por supuesta entrada ilegal de trabajadores extranjeros. La investigación continúa con nuevas diligencias que buscan esclarecer su participación en los hechos.
Controversia Legal y Administrativa
La situación legal de Nacho Cano ha sido objeto de debate intenso desde su detención. Durante su comparecencia judicial, el productor enfatizó su inocencia y argumentó que era blanco de una campaña política. Aseguró que no gestionaba aspectos administrativos del musical Malinche, donde se habría cometido supuestas irregularidades. La instructora judicial explicó que decidió citarlo solo después de completar investigaciones cruciales para determinar su implicación. El grupo especializado en extranjería de la policía sostiene que los bailarines fueron traídos como turistas y les instruyeron para que fingieran esa condición al entrar en España.
Según las autoridades, los responsables debían haber tramitado los requisitos necesarios en México antes de viajar. Sin embargo, optaron por una simulación falsaria que ocultaba el verdadero propósito de su visita. Los permisos de estancia solicitados posteriormente fueron denegados debido a que no cumplían con los requisitos académicos exigidos. Este procedimiento inadecuado ha llevado a una investigación más profunda sobre las actividades del equipo detrás del musical Malinche.
Defensa y Contrapuntos Legales
Por otro lado, la defensa de Cano presenta un informe de la Inspección de Trabajo que concluye que los becarios no mantenían relaciones laborales formales. Según este documento, los individuos participaban en programas de formación no reglada, lo cual cambia la naturaleza de sus visas y permisos de estancia. La defensa sostiene que esto demuestra la ausencia de delito contra los trabajadores. También señala que los procedimientos seguidos para obtener visados fueron legales y realizados por profesionales especializados.
Este caso destaca la complejidad de las regulaciones migratorias y laborales en el contexto del entretenimiento internacional. Mientras la fiscalía explora si hubo manipulación de documentos y violaciones a las leyes migratorias, la defensa insiste en que todo fue manejado conforme a las normas establecidas. La controversia también arroja luz sobre cómo los procesos de solicitud de visados pueden variar según el país y la finalidad de la visita. Finalmente, el resultado de esta investigación podría tener impactos significativos en las prácticas futuras de contratación y movilidad de artistas internacionales en España.