Culturas
Controversia Judicial en el Caso de la Becaria Mexicana y el Artista Nacho Cano
2025-01-08

La controversia legal que rodea al caso de la becaria mexicana Lesly Ochoa y el reconocido artista Nacho Cano ha tomado un nuevo rumbo. Durante una audiencia judicial, los agentes policiales y el secretario del atestado confirmaron la existencia de una relación laboral y explotación. Sin embargo, los abogados de Cano han calificado el proceso penal como un "esperpento". Este conflicto pone en evidencia las tensiones entre las interpretaciones legales de las prácticas laborales y las defensas jurídicas.

Testimonio Policial Revela Relación Laboral y Explotación

El testimonio ofrecido por los agentes policiales y el secretario del atestado durante la audiencia ha sido crucial para aclarar aspectos clave del caso. Según declaraciones recogidas por medios presentes, se ha establecido claramente que la relación entre la becaria y el musical 'Malinche' era laboral. Los funcionarios afirmaron que la joven trabajaba jornadas interminables, desde temprano hasta altas horas de la noche, lo que sugiere una situación de explotación laboral. Además, se mencionó la posibilidad de que hubiera violaciones a las leyes migratorias.

El letrado Alfredo Arrién, quien representa a la denunciante, destacó la importancia de estas declaraciones para fortalecer su posición legal. Explicó que el Real Decreto aprobado en enero de 2024 clarifica que las relaciones de becarios son similares a las laborales y, por lo tanto, deben respetarse ciertos derechos. El abogado también subrayó que la declaración duró casi dos horas y fue muy tensa, con preguntas agresivas por parte de la defensa de Cano, llegando incluso a acusaciones de amenaza y coacción hacia los testigos. Esta confrontación ha añadido más complejidad al caso, reforzando la necesidad de una investigación minuciosa.

Defensa de Cano Critica el Proceso Penal y Alega Irregularidades

Por otro lado, los abogados de Nacho Cano han manifestado su descontento con el proceso penal, describiéndolo como un "esperpento". José Luis González-Montes y Elena Fernández argumentan que el procedimiento está plagado de irregularidades, desde la forma en que se presentó el atestado policial hasta las supuestas falacias en su contenido. Según ellos, el atestado contiene errores y omisiones significativas, especialmente en cuanto a la normativa aplicable a los becarios. También criticaron que sus preguntas durante la audiencia fueran calificadas como impertinentes, lo que limitó su capacidad de defensa.

Los abogados insisten en que los becarios estaban en formación y no realizaban labores remuneradas, contrariamente a lo que se ha alegado. Subrayan que no hay indicios de delito ni irregularidades en el proceso y que confían en obtener el sobreseimiento del caso. Además, expresaron su intención de tomar acciones legales contra aquellos involucrados en este "ataque injustificado". La jueza Inmaculada Iglesias Sánchez ha convocado a varios representantes relacionados con el caso para nuevas declaraciones, lo que podría proporcionar más detalles cruciales en las próximas semanas.

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