El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una demanda civil contra CVS Pharmacy Inc. y sus subsidiarias, acusándolas de incumplir con las leyes federales en relación con la dispensación de medicamentos controlados y la solicitud de reembolsos ilegales. Las acusaciones incluyen la emisión de recetas sin un propósito médico legítimo y colaboración con prescriptores involucrados en prácticas peligrosas. Este caso subraya preocupaciones sobre la seguridad del paciente y el cumplimiento de políticas corporativas.
La demanda pone de manifiesto que CVS habría emitido recetas de opioides y otros medicamentos controlados sin justificación médica adecuada. Esto incluye combinaciones especialmente riesgosas conocidas como "trinidad", que mezclan opioides, benzodiazepinas y relajantes musculares. Estas acciones se consideran graves violaciones a la Ley de Sustancias Controladas (CSA).
Según las autoridades, CVS no solo llenó estas recetas sino que también presionó a sus farmacéuticos para que lo hicieran rápidamente, sin tomar el tiempo necesario para verificar su validez. Además, se menciona que la empresa trabajó con prescriptores identificados en operaciones conocidas como "fábricas de píldoras". Estas instalaciones emiten grandes cantidades de recetas sin evaluaciones médicas apropiadas, y CVS supuestamente ignoró señales de advertencia internas que indicaban la existencia de recetas ilegales.
Las políticas corporativas de CVS se cuestionan por priorizar métricas de rendimiento y ganancias sobre la seguridad del paciente. La falta de personal suficiente en las farmacias dificultaba el cumplimiento de obligaciones legales por parte de los farmacéuticos. Esta situación llevó a una disminución en la capacidad de supervisar adecuadamente la dispensación de medicamentos controlados.
Oficiales del gobierno han destacado que CVS no desempeñó su papel crucial como guardián de los opioides recetados y, en cambio, facilitó la proliferación ilegal de estos medicamentos altamente adictivos. Las sanciones civiles pueden ser impuestas por cada receta dispensada en violación de la CSA, junto con posibles daños triples y penalidades por los reembolsos realizados en contra de la Ley de Reclamos Falsos (FCA). Además, se podrían ordenar medidas cautelares para prevenir futuras infracciones, incluyendo cambios en los programas de cumplimiento corporativo de CVS.