El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emprendido acciones legales contra Walgreens Boots Alliance, una de las cadenas de farmacias más grandes del país, acusándola de dispensar sustancias controladas sin cumplir con los requisitos médicos y legales durante más de una década. La demanda se centra en presuntas violaciones sistemáticas de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) y de la Ley de Reclamaciones Falsas. El gobierno alega que Walgreens procesó millones de recetas consideradas inválidas o innecesarias, afectando programas federales de salud.

Violaciones Sistemáticas y Negligencia en el Control de Medicamentos

Desde 2012, Walgreens permitió la distribución de grandes cantidades de opioides y otras sustancias controladas en circunstancias sospechosas. Se mencionan irregularidades como recargas prematuras de medicamentos y combinaciones peligrosas conocidas como la "trinidad". Estas prácticas no solo incumplieron con los estándares profesionales, sino que también ignoraron informes internos sobre posibles violaciones. Además, la empresa presionó a sus empleados para procesar recetas rápidamente, descuidando las verificaciones necesarias.

Según el Departamento de Justicia, Walgreens no solo incumplió su deber de verificar la legitimidad de las recetas, sino que también ocultó información clave a los farmacéuticos, dificultando la identificación y denuncia de prescriptores sospechosos. Esto llevó a la salida ilegal de millones de pastillas de opioides y otros medicamentos altamente adictivos, exacerbando la crisis de opioides en el país. Las acciones de Walgreens contribuyeron al agravamiento de esta crisis de salud pública y causaron un perjuicio financiero al sistema de salud al buscar reembolsos de programas federales por recetas ilegítimas.

Responsabilidad Corporativa y Precedentes Legales

Este caso surge en un contexto en el que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para abordar la epidemia de opioides, que ha devastado comunidades en todo el país. La demanda busca responsabilizar a Walgreens por permitir la distribución de sustancias controladas bajo condiciones irregulares durante años. Brian Boynton, fiscal general adjunto principal, declaró que estas prácticas permitieron que millones de pastillas salieran ilegalmente de las tiendas Walgreens, agravando la crisis de opioides.

El litigio subraya la responsabilidad compartida de todas las partes en el sistema de salud para prevenir la explotación del acceso a medicamentos controlados y proteger a las comunidades vulnerables del impacto devastador de las prácticas negligentes. Este caso podría marcar un precedente importante en la rendición de cuentas de grandes corporaciones farmacéuticas y de distribución, especialmente en lo que respecta al papel que desempeñan en la supervisión y control de las sustancias controladas que dispensan. Mientras tanto, la presión continúa aumentando sobre el sector farmacéutico para implementar controles más rigurosos y reducir los riesgos asociados con el manejo inadecuado de estas sustancias.