El pasado 21 de mayo, la organización defensora de derechos humanos Artículo 19 emitió un pronunciamiento repudiando las amenazas recibidas por Adela Navarro Bello, destacada comunicadora y codirectora del semanario ZETA. Este medio, radicado en Tijuana, se ha caracterizado por su cobertura incisiva sobre temas sensibles como el tráfico de drogas, la corrupción gubernamental y el crimen organizado. Las intimidaciones surgieron tras una investigación que reveló la pasividad oficial ante la existencia de fosas clandestinas y evidenció posibles vínculos corruptivos dentro del gobierno estatal.

En el contexto de esta creciente tensión, los reportes indican que desde finales de abril hasta mediados de mayo de 2025, la periodista ha sido objeto de ocho llamadas telefónicas con mensajes amenazantes. En cada comunicación, una voz masculina repetía frases similares antes de cortar abruptamente. Estas interacciones han ocurrido tanto en líneas antiguas como en el teléfono principal del semanario, cuya falta de identificación dificulta rastrear sus orígenes.

Además, Artículo 19 señaló detalles técnicos relacionados con las llamadas: en las primeras ocasiones, el sonido sugería un entorno cerrado, mientras que en las más recientes parecía provenir de un lugar abierto, lo cual podría implicar múltiples fuentes o individuos detrás de estas acciones. A pesar de haber notificado a las autoridades correspondientes, no se ha logrado avanzar significativamente en investigaciones ni protección para la profesional del periodismo ni su equipo.

Ante esta situación crítica, Artículo 19 instó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a iniciar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial. Asimismo, demandaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas garantizar medidas adecuadas que aseguren la seguridad tanto de Adela Navarro como de quienes colaboran con ella.

La persistencia de estos actos hostiles refleja un panorama alarmante para el ejercicio libre de la prensa en México, donde las amenazas no solo afectan a los periodistas sino también comprometen el acceso de la sociedad a información veraz y relevante. La comunidad internacional y las instituciones nacionales deben responder con urgencia para proteger a quienes arriesgan su integridad en busca de justicia y transparencia.