En un conflicto que ha llamado la atención del mundo musical, la empresa organizadora Last Tour se enfrenta a una demanda civil interpuesta por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) debido al incumplimiento en los pagos de derechos de autor correspondientes a conciertos realizados entre 2022 y 2024. Este caso incluye una considerable suma adeudada a la reconocida artista Taylor Swift, quien actuó en Madrid el año pasado. Last Tour ha emitido un comunicado explicando su postura sobre las tarifas consideradas abusivas por parte de la SGAE, así como desacuerdos relacionados con los cálculos financieros de las entradas VIP.
En medio de un otoño cargado de emociones musicales, surgió un debate legal entre Last Tour y la SGAE, donde se pone en juego la correcta aplicación de tarifas y los montos adeudados por derechos de autor. Según las acusaciones, Last Tour habría retrasado el pago de aproximadamente cuatro millones de euros, siendo casi la mitad de esta cantidad destinada a Taylor Swift. La promotora argumenta que la tarifa fijada por la SGAE es excesiva en comparación con lo establecido en Estados Unidos, país de origen de la cantante.
Un punto clave del conflicto radica en cómo se calculan los precios de las entradas VIP. En este caso, existen dos componentes: el "face value", que cubre el acceso al evento, y el "uplift", asociado a servicios adicionales. Last Tour sostiene que únicamente el "face value" debe ser considerado para calcular los derechos de autor, mientras que la SGAE parece aplicar sus tarifas sobre todo el importe total.
El desacuerdo también involucra otros artistas nacionales e internacionales, afectados por presuntos impagos desde 2022. A pesar de las propuestas de Last Tour para resolver la disputa mediante arbitraje o mediación, la SGAE optó por iniciar acciones legales directamente.
Desde una perspectiva periodística, este caso refleja la complejidad de las relaciones contractuales en la industria musical. Muestra cómo diferencias significativas en las interpretaciones legales y financieras pueden llevar a enfrentamientos judiciales incluso entre partes tan relevantes como Last Tour y la SGAE. Para muchos lectores, esto subraya la necesidad de reformar ciertas normativas y mejorar la transparencia en los procesos de cobro y distribución de derechos de autor, asegurando que los creadores reciban justo lo que les corresponde sin dilaciones innecesarias.