El panorama musical español está siendo sacudido por una disputa legal entre la promotora Last Tour y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Esta última ha interpuesto una demanda civil contra Last Tour debido al incumplimiento en el pago de derechos de autor correspondientes a diversos espectáculos realizados entre 2022 y 2024. Entre los eventos más destacados figuran los dos conciertos ofrecidos por Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu, cuyas cifras adeudadas ascienden a aproximadamente cuatro millones de euros. La controversia se centra en las tarifas aplicadas por la SGAE, que oscilan entre el 8,5% y el 7,65% de la recaudación bruta, dependiendo del cumplimiento de ciertos requisitos. Este conflicto no es nuevo, ya que ambas partes han enfrentado litigios previos, aunque esta vez la magnitud económica parece haber exacerbado las tensiones.
La SGAE argumenta que Last Tour no solo ha dejado de abonar las cantidades pertinentes, sino que también ha omitido proporcionar información clave sobre las recaudaciones de taquilla. Según fuentes de la entidad, esta falta de transparencia dificulta la aplicación justa de las tarifas establecidas. Por ejemplo, en el caso de los conciertos de Swift, hubo discrepancias significativas entre los precios anunciados de las entradas VIP y las cantidades reportadas oficialmente. Esto afecta directamente a los autores y editoriales musicales, quienes esperan recibir su parte correspondiente por las interpretaciones en vivo.
Desde Last Tour, se sostiene que la tarifa impuesta por la SGAE resulta desproporcionada en comparación con otros países europeos. La empresa critica especialmente que la tarifa española sea considerablemente mayor que la británica, donde se aplica un 1,15%. Además, señalan que intentaron adaptarse a la tarifa británica, pero PRS, la entidad equivalente en Reino Unido, rechazó dicha solicitud. Esta diferencia tarifaria genera preocupación en el sector, ya que podría dar lugar a una competencia desleal en las subastas internacionales de grandes conciertos. Los promotores que pagan religiosamente estos porcentajes podrían verse perjudicados frente a Last Tour, lo cual repercute negativamente en la industria musical en general.
Otras voces dentro del sector musical resaltan cómo este problema afecta a artistas como Taylor Swift, conocida por ser una firme defensora de los derechos de autor. En sus giras por Europa, los derechos han sido liquidados sin problemas en todos los países involucrados, excepto en España. Este hecho refuerza las críticas hacia Last Tour, acusándolos de operar en condiciones injustas que benefician su posición en el mercado.
En respuesta, Last Tour afirma que defenderá su postura en los tribunales, señalando prácticas presuntamente abusivas por parte de la SGAE. Aseguran que su oposición a las tarifas actuales se basa en principios legales y económicos sólidos, rechazando cualquier acusación de incumplimiento intencional. Con ello, se abre un capítulo crucial en la relación entre promotores y entidades de gestión de derechos en España, cuyo desenlace podría marcar precedentes importantes para el futuro de la industria.
Este caso ejemplifica las complejidades inherentes a la gestión de derechos de autor en un contexto internacional. Mientras tanto, la resolución judicial pendiente será observada de cerca por todas las partes interesadas, desde artistas hasta promotores y organizadores de eventos. Su resultado podría determinar nuevas formas de cooperación o continuar alimentando tensiones entre estas entidades clave en el mundo de la música en vivo.