El pasado 6 de junio de 2025, el panorama político de Santa Catarina se vio sacudido tras una decisión del Cabildo municipal. Esta resolución implicó la desafectación de 19 terrenos inicialmente destinados a áreas verdes y deportivas. En respuesta, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Lechuga, solicitó formalmente información detallada sobre este cambio de uso de suelo. Su petición incluyó documentos clave relacionados con la sesión celebrada el 30 de mayo, donde se autorizó la venta de dichas propiedades para financiar proyectos de infraestructura pública.
La solicitud presentada por Lechuga busca esclarecer varios puntos oscuros en torno a esta decisión. Entre ellos destaca la necesidad de revisar el acta de la mencionada sesión, así como el dictamen final que justificó la transacción. Asimismo, el legislador ha requerido documentación adicional que explique por qué estos terrenos, cedidos originalmente por parques industriales para beneficio público, no fueron empleados según su propósito inicial. Estos predios abarcan un total de 41,496 metros cuadrados distribuidos estratégicamente en distintas zonas del municipio.
El gobierno municipal, liderado por el alcalde Jesús Nava, argumentó que la medida fue adoptada debido a las restricciones presupuestarias enfrentadas en los últimos tres años. Según sus declaraciones, estas limitaciones han impedido completar tres importantes obras públicas. Sin embargo, el representante del PAN ha expresado su preocupación acerca de cómo esta justificación podría estar socavando el bienestar colectivo al priorizar ingresos económicos sobre espacios comunitarios vitales.
En este contexto, la controversia plantea interrogantes fundamentales sobre la gestión municipal y la transparencia en decisiones que afectan directamente a la población. La venta de terrenos destinados previamente a usos sociales pone en evidencia tensiones entre recursos financieros y compromisos con el desarrollo sostenible.
La situación actual en Santa Catarina refleja una creciente división entre quienes apoyan medidas económicas urgentes y aquellos que defienden el valor intrínseco de áreas verdes y deportivas para mejorar la calidad de vida ciudadana. El próximo paso dependerá de las respuestas proporcionadas por la administración municipal y si estas logran resolver dudas legítimas planteadas por figuras políticas como Miguel Lechuga.