Una organización civil anunció su intención de denunciar a María Leire Díez Castro, exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, debido a supuestas solicitudes de información comprometedora sobre un alto oficial de la Guardia Civil. Según informes periodísticos, dicha información sería utilizada en contra del jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), quien investiga al hermano del presidente Pedro Sánchez. Este caso ha generado una fuerte reacción en el ámbito político y social.
En una serie de revelaciones periodísticas, se detalla que María Leire Díez Castro, una destacada militante del PSOE y cercana al secretario de organización Santos Cerdán, habría solicitado datos confidenciales a un individuo vinculado con investigaciones judiciales ante la Audiencia Nacional. El objetivo, según las grabaciones difundidas, era obtener pruebas incriminatorias contra Antonio Balas, teniente coronel de la Guardia Civil encargado de investigar asuntos relacionados con familiares del presidente del Gobierno español.
Los hechos ocurrieron en febrero durante una reunión con un investigado en una causa judicial de hidrocarburos. Según fuentes periodísticas, esta estrategia podría estar vinculada a las pesquisas relacionadas con el denominado caso Koldo y otros procesos legales complejos. La denuncia será presentada en los juzgados de Plaza Castilla, dado que la acusada no cuenta con inmunidad parlamentaria.
Díez Castro, oriunda de Bilbao y formada como periodista, tiene una trayectoria política sólida dentro del PSOE, desempeñando roles importantes tanto en Cantabria como en Madrid. Sin embargo, tras las publicaciones de estos audios, el partido socialista aseguró que ninguna persona involucrada en las grabaciones está vinculada contractualmente a sus filas.
Desde una perspectiva periodística, este caso pone en evidencia la delicada intersección entre política e instituciones judiciales. Revela cómo ciertos actores políticos podrían intentar manipular procedimientos legales para beneficio personal o partidista. Desde un punto de vista ético, subraya la importancia de mantener la independencia judicial y proteger a quienes realizan investigaciones sensibles. Este incidente invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles del poder político.