Ángel, un padre con el corazón roto, se enfrenta a la angustia de no haber visto a su hija Irene, de tan solo seis años, desde mayo de 2023, fecha en que la pequeña fue sustraída por su propia madre. La incertidumbre sobre el paradero de Irene y la madre es constante, con indicios que sugieren su posible estancia en Suiza. Existe la sospecha de que la madre de Irene está recibiendo ayuda de Verónica Saldaña, otra progenitora que también trasladó a sus hijos a Suiza en circunstancias similares y a quien la justicia suiza le permitió mantener la custodia, lo que ha generado una gran frustración en Ángel, quien considera que hay una falta de colaboración por parte de las autoridades suizas y una lentitud en la actuación judicial para interrogar a Saldaña.

La relación entre Ángel y María, la madre de Irene, comenzó en Torrejón de Ardoz, pero se deterioró drásticamente tras el embarazo de Irene. Después de una denuncia por malos tratos psicológicos que no prosperó debido a contradicciones, la pareja se separó en julio de 2022. En octubre de ese mismo año, la madre llevó a Irene a Mallorca, una acción que Ángel denunció, pero el caso fue archivado por falta de medidas paternofiliales. A pesar de que la custodia exclusiva fue otorgada a Ángel en marzo de 2023, el retraso en la emisión de la orden judicial, de cinco semanas, brindó a la madre el tiempo necesario para evadir la justicia. El 28 de mayo de 2023, la madre de Irene debía entregarla en Alcalá de Henares, pero no lo hizo, y la última pista las sitúa en Barcelona, donde la madre realizó un retiro de efectivo. Ante esta situación, en enero de 2024, un juzgado de Alcalá de Henares emitió una orden de búsqueda y captura contra la madre por un presunto delito de sustracción de menores.

La situación actual del padre es una mezcla abrumadora de frustración e impotencia, pero, sobre todo, una inmensa preocupación por la salud y el bienestar de su hija Irene. El delito de sustracción de menores, tipificado en el artículo 225 bis del Código Penal, conlleva penas de prisión de dos a cuatro años, que podrían incrementarse si la sustracción se confirma en el extranjero. Además, este caso está amparado por el Convenio de La Haya, un instrumento de cooperación internacional para la restitución de menores que Suiza, como país firmante, debería hacer cumplir. La inacción de las autoridades y la falta de coordinación solo prolongan el calvario de este padre que busca incansablemente el regreso de su hija, un anhelo que refleja la lucha de muchos padres y madres que enfrentan situaciones similares.

En este difícil panorama, la perseverancia y la esperanza de Ángel resuenan como un faro. Es fundamental que la sociedad y las instituciones colaboren para proteger los derechos de los menores y garantizar que la justicia prevalezca. La historia de Irene nos recuerda la importancia de la acción oportuna y la coordinación internacional en casos de sustracción parental, buscando siempre el bienestar superior de los niños y niñas. La justicia, aunque a veces lenta, debe ser implacable en la defensa de los más vulnerables, asegurando que ningún padre viva la agonía de la separación forzosa de su hijo, y que cada menor tenga el derecho a crecer en un ambiente seguro y con el amor de ambos progenitores, a menos que existan razones legítimas para lo contrario.