Un reciente apagón eléctrico en A Coruña ha desatado una serie de reacciones que van más allá del problema técnico. Este evento, ocurrido el 29 de abril, no solo expuso las debilidades del sistema energético español, sino también la polarización política entre partidos de derecha e izquierda. Mientras algunos sectores utilizaron el incidente para atacar al gobierno actual de coalición (PSOE/Sumar), otros destacaron la calma y solidaridad mostradas por la mayoría ciudadana. Expertos señalan que este fenómeno podría atribuirse a un "cisne negro", un evento impredecible con gran impacto, mientras se analiza cómo la falta de regulación y los intereses empresariales podrían haber contribuido.
El pasado martes, la ciudad de A Coruña vivió una interrupción significativa en su suministro eléctrico. Este hecho tuvo repercusiones más allá de lo meramente técnico, convirtiéndose en un escenario político cargado de acusaciones cruzadas. Los partidos de derecha, junto con medios de comunicación afines, aprovecharon rápidamente la situación para criticar al gobierno liderado por Pedro Sánchez, culpándolo del colapso sin esperar resultados concluyentes sobre las causas reales. Jorge Fabra, ex presidente de Red Eléctrica Española, describió el apagón como un evento excepcional dentro de un sistema complejo, donde cualquier especulación prematura sería irresponsable.
Antonio Curiel, investigador del CSIC, amplió esta visión al destacar que el modelo energético español carece de estabilidad debido a la rápida incorporación de fuentes renovables sin sistemas adecuados de equilibrio. Según él, las compañías eléctricas han priorizado el ahorro económico sobre la inversión en infraestructuras necesarias para mantener una respuesta eficiente ante fluctuaciones en la demanda. Las plantas nucleares, por ejemplo, son lentas para ajustarse, lo que complica aún más el panorama.
En este contexto, las críticas lanzadas por figuras políticas como Núñez Feijoo del PP parecen desconectar de la realidad histórica. Durante gobiernos anteriores liderados por José María Aznar, su partido impulsó privatizaciones que configuraron el actual sistema oligopólico. Paralelamente, muchos exlíderes tanto del PP como del PSOE ocupan altos cargos en estas empresas, evidenciando una red de intereses entrelazados. Alfonso Rueda, otro representante del PP, sigue una estrategia similar al desviar responsabilidades hacia el gobierno central cuando es conveniente.
Finalmente, aunque el gobierno actual enfrenta cuestionamientos legítimos, queda claro que el sistema eléctrico español requiere urgentemente una mayor intervención pública y regulación efectiva. La influencia abrumadora de las grandes corporaciones en la política y los medios de comunicación resalta la importancia de reformas estructurales que garanticen un servicio justo y confiable para todos los ciudadanos. Solo así se podrá evitar que futuros eventos similares se conviertan en herramientas de confrontación política en lugar de oportunidades para mejorar.