La ausencia de datos significativos ha llevado al juez a reconsiderar la necesidad de mantener bajo secreto las piezas separadas de la investigación. Este revés judicial pone en evidencia las limitaciones de las herramientas digitales frente a sistemas de cifrado avanzados.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado un exhaustivo análisis de los archivos remitidos por Google, concretamente una carpeta compuesta por 46 subcarpetas asociadas a distintas aplicaciones vinculadas a la cuenta de correo electrónico del fiscal general Álvaro García Ortiz. Entre estos documentos, se identificó un archivo con extensión .mbox3 conteniendo 159 correos electrónicos.
De este conjunto, solo uno guarda relación con la causa en cuestión. Este mensaje, fechado el 13 de marzo de 2024, provenía de la fiscal jefa de Madrid y contenía información relativa a una denuncia presentada contra González Amador por fraude fiscal. Sin embargo, dicho correo ya había sido previamente identificado durante el análisis forense de la copia de seguridad del ordenador del fiscal general.
Por su parte, la información recibida desde WhatsApp resultó igualmente insuficiente. Según informes de la UCO, no fue posible recuperar mensajes asociados al número telefónico 61……., considerados potencialmente relevantes para la investigación. Este resultado era esperable dada la política de cifrado extremo que caracteriza a la plataforma propiedad de Meta.
Adicionalmente, tampoco se obtuvieron datos concernientes a otra cuenta de WhatsApp vinculada a un segundo número móvil del fiscal general. Los registros disponibles únicamente confirmaron un cambio de dispositivo en octubre de 2024, dato que ya formaba parte del conocimiento público.
Ante esta falta de avances significativos, el juez Hurtado ha decidido levantar el secreto que envolvía dos de las piezas separadas de la investigación. Esta medida refleja la necesidad de adoptar nuevas estrategias para profundizar en las circunstancias que rodean la filtración del expediente tributario.
La búsqueda de pruebas adicionales podría requerir explorar otras vías legales o incluso revisitar testimonios previamente recogidos. La complejidad del caso subraya la importancia de equilibrar la privacidad digital con la transparencia judicial necesaria para resolver disputas de esta naturaleza.
Este episodio plantea preguntas fundamentales sobre cómo abordar casos de alta sensibilidad en tiempos donde la tecnología juega un papel central. Las barreras impuestas por sistemas de cifrado robusto, aunque vitales para proteger la privacidad de los usuarios, también pueden dificultar procesos judiciales cruciales.
La comunidad legal deberá continuar debatiendo sobre el adecuado marco normativo que permita conciliar estos intereses sin comprometer derechos fundamentales. Mientras tanto, el caso seguirá siendo observado con atención, representando un ejemplo clave de los desafíos contemporáneos en materia de justicia digital.