La resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) que permitió al Barcelona inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor generó una reacción inmediata y emocional en Joan Laporta, presidente del club. Este acontecimiento ocurrió poco antes del partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club en Yeda. La decisión fue recibida con entusiasmo por los culés, mientras que provocó críticas y descontento entre otros equipos y directivos, especialmente del Athletic y LaLiga.
El anuncio del CSD llegó justo cuando la delegación del Barcelona se dirigía hacia el estadio King Abdullah. En un ambiente cargado de tensión y expectativa, Joan Laporta no pudo contener su alegría y celebró efusivamente junto a sus colaboradores más cercanos. Esta noticia cambió drásticamente el estado de ánimo del equipo y su directiva, quienes veían cómo sus esfuerzos eran finalmente reconocidos.
El presidente azulgrana expresó su satisfacción de manera visceral, abrazando a Dani Olmo y gritando palabras que reflejaban tanto la liberación como la frustración acumulada durante meses de lucha legal. Su comportamiento llamativo dentro del recinto deportivo, incluyendo gestos y acciones consideradas excesivas por algunos observadores, marcó un punto de inflexión en las relaciones entre los clubes y las instituciones deportivas españolas. A pesar de este momento inicial de euforia, Laporta logró recomponerse rápidamente y participó en protocolos oficiales antes del encuentro.
La decisión del CSD tuvo profundas implicaciones para el fútbol español, poniendo en tela de juicio la integridad del sistema de control financiero y generando debates sobre posibles intervenciones políticas. Mientras el Barcelona celebraba la inclusión de sus jugadores, otras partes involucradas, como LaLiga y el Athletic Club, mostraron preocupación y disconformidad.
Javier Tebas, líder de LaLiga, manifestó su desacuerdo con la medida adoptada por el CSD, sugiriendo que podría tomar acciones legales adicionales. Por otro lado, Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, optó por una postura más cautelosa, indicando que respetaría la determinación del CSD pero evitaría hacer comentarios hasta revisar detenidamente el documento oficial. Este escenario plantea preguntas sobre el equilibrio entre los intereses deportivos y económicos, así como sobre el papel de las autoridades gubernamentales en el ámbito del deporte profesional.