En respuesta a las recientes revelaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido abrir un expediente informativo contra Leire Díez, una afiliada vinculada a supuestas negociaciones irregulares. Según diversas fuentes periodísticas, Díez ofreció pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información comprometedora sobre importantes figuras de la Guardia Civil y del Ministerio Público. Este caso ha generado gran controversia dentro de la organización política, que busca ahora analizar profundamente los hechos antes de tomar decisiones más drásticas.

La dirección del PSOE ha declarado que no aplicará medidas cautelares contra Díez hasta obtener pruebas concluyentes. Entre estos elementos clave están la grabación completa de las conversaciones y el testimonio directo de la implicada. Estas conversaciones fueron realizadas en circunstancias cuestionables, según denuncian desde Ferraz, quienes aseguran que solo se conocen fragmentos seleccionados de las mismas.

El escándalo estalló tras las acusaciones de Alejandro Hamlyn, empresario detenido en 2019 por una operación relacionada con un fraude multimillonario. En las grabaciones publicadas, Díez promete facilitar acuerdos legales a cambio de datos incriminatorios sobre personalidades destacadas en la lucha contra la corrupción.

Desde el PSOE se han mostrado firmes en proteger los derechos de sus afiliados, rechazando cualquier calificativo infundado como el de “fontanera de Ferraz”. Aunque varios líderes del partido, incluidos Patxi López y Cristina Narbona, han expresado su sorpresa y desagrado ante las acciones atribuidas a Díez, recalcan que estas no representan la postura oficial del PSOE ni reflejan comportamientos institucionales.

Además, cargos locales del PSOE en Cantabria también han criticado duramente las acciones de Díez, señalando que tanto el tono como las formas empleadas en las conversaciones son inaceptables para una militante de la formación.

Ante este panorama, el PSOE no solo busca esclarecer los hechos mediante el expediente informativo, sino también evaluar posibles acciones legales debido al daño reputacional ocasionado. La organización estudia cuantificar económicamente este impacto para futuras reclamaciones judiciales si procede.

Con el objetivo de preservar la integridad del partido, Ferraz continúa investigando exhaustivamente el caso. Mientras tanto, Leire Díez mantiene su negativa a haber actuado bajo instrucciones partidarias, subrayando que sus acciones fueron personales y no respaldadas por ninguna autoridad del PSOE. Este proceso marca un momento crítico para la relación entre la dirección del partido y sus afiliados, poniendo en entredicho la confianza mutua necesaria para mantener la cohesión interna.