El panorama de la transparencia y rendición de cuentas en Sinaloa enfrenta un desafío significativo. Grupos civiles han expresado su preocupación ante la supresión de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIP), considerando esta medida como un retroceso de dos décadas en los derechos ciudadanos. Diversas organizaciones, lideradas por RECIAS e Iniciativa Sinaloa, destacaron que la eliminación del órgano garantista podría generar una falta de claridad en cómo las autoridades manejan la información pública.

Las implicaciones de este cambio son amplias. Marlene León, representante de Iniciativa Sinaloa, advirtió que sin un ente regulador independiente, será difícil para los ciudadanos obtener datos precisos sobre el uso de recursos públicos o las acciones gubernamentales. Este contexto se da dentro de una reforma nacional impulsada desde el ámbito federal, cuya intención inicial era reducir la burocracia. Sin embargo, según Verónica Nieto, coordinadora de proyectos en Iniciativa Sinaloa, las estadísticas reflejan una ineficacia notable en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, encargada ahora de asumir estas funciones. En comparación con el órgano que podría desaparecer, sus cifras muestran una capacidad limitada para abordar denuncias y solicitudes de información.

La necesidad de incluir a la sociedad civil en decisiones tan trascendentales queda patente. Ante esta situación, diversas organizaciones exigen al Congreso local un diálogo abierto y participativo antes de la fecha límite fijada para implementar cambios relacionados con la reforma federal. La participación activa de la ciudadanía es crucial para garantizar que cualquier ajuste institucional preserve los principios fundamentales de transparencia y responsabilidad. Es momento de reforzar estos valores, promoviendo sistemas más justos y accesibles que fortalezcan la confianza entre gobierno y pueblo.