La clausura de dos instalaciones destinadas al cuidado de menores en Gran Canaria ha desvelado un sombrío panorama de presuntos abusos y contratos lucrativos. Esta situación ha puesto en el punto de mira a Quórum Social 77, una organización que ha gestionado un volumen considerable de centros de acogida para jóvenes migrantes en las Islas Canarias, recibiendo importantes cantidades de dinero público. La revelación de estas graves acusaciones ha sacudido a la comunidad, generando una profunda preocupación por el bienestar de los menores bajo tutela y la transparencia en la administración de los fondos.

Detalles de la Investigación: Abusos y Contratos en el Archipiélago Canario

El pasado jueves, en la apacible localidad de Arinaga, en Gran Canaria, el cierre del centro de menores José García I, hogar de 148 jóvenes que llegaron a la isla tras desafiar las olas del Atlántico, destapó una inquietante trama. Este suceso, ordenado por el perspicaz juez Tomás Martín, titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas, forma parte de una investigación confidencial bautizada como Operación Cábila. Sin embargo, los ecos de esta historia se remontan a mayo, cuando el mismo magistrado clausuró otro centro, La Fortaleza I, conocido popularmente como Bandama, también bajo la dirección de la misma entidad.

Las alarmas se encendieron cuando la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias elevó a la Fiscalía las denuncias de varios residentes de La Fortaleza I. Sus relatos eran desgarradores: “castigos físicos”, “encierros en cuartos de aislamiento” y una avalancha de “insultos racistas y amenazas” por parte de algunos empleados. Un video, grabado por uno de los valientes denunciantes, capturaba el momento en que un trabajador profería despreciables insultos racistas a un menor, confirmando la brutalidad de las denuncias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con la solemnidad que requiere el caso, confirmó el cierre de las instalaciones, citando “numerosas evidencias y testimonios” que apuntan a la comisión de delitos de lesiones, odio, omisión del deber de impedir delitos, atentados contra la integridad moral y amenazas. Una trabajadora social, con vasta experiencia en el archipiélago, describió el ambiente en los centros como un “clima de terror”, donde los menores eran “poco menos que torturados”.

Quórum Social 77, establecida en 2009 como una organización sin ánimo de lucro, ha mantenido una extensa y lucrativa relación con el gobierno canario, tanto bajo el mandato del PSOE como de Coalición Canaria y el PP. Su fortuna creció exponencialmente con la reactivación de la peligrosa ruta migratoria canaria, que vio un aumento dramático en la llegada de pateras y cayucos desde África Occidental al archipiélago. Solo en 2024, esta organización recibió aproximadamente siete millones de euros del Gobierno de Canarias para la gestión de once nuevos centros de menores en Tenerife y Gran Canaria.

En la actualidad, Quórum Social 77 supervisa centros con capacidad para 1.925 menores migrantes, lo que representa un tercio de los jóvenes tutelados por las autoridades canarias. La Plataforma de Contratación del Estado revela tarifas diarias de entre 90 y 94 euros por menor acogido, lo que podría traducirse en una facturación diaria de más de 173.000 euros, superando los cinco millones mensuales. La ONG también ha incursionado en el cuidado de menores con discapacidad, firmando un contrato de 22 millones de euros en 2022 para su atención residencial.

Durante la intervención en el centro de Arinaga, la presidenta de la entidad, Delia García, y su director de centros, Juan Enrique Quintana, fueron detenidos. Aunque posteriormente puestos en libertad por orden judicial, la ONG alega que las acusaciones son “falsas” y responden a una “venganza” de extrabajadores.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó su consternación ante la gravedad de los hechos, señalando que “con tantos menores y durante tanto tiempo”, los controles son insuficientes. Clavijo subrayó que su administración colaborará plenamente para esclarecer los detalles de este grave asunto, enfatizando la necesidad de una rápida reubicación de los menores debido a la saturación de los centros en Canarias, que actualmente acogen a 5.400 menores bajo su cargo.

Por su parte, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, reconoció la saturación de los centros de acogida en Canarias, pero advirtió contra la simplificación de las causas detrás de los presuntos delitos, destacando que “no puede haber delito que se consume o se demuestre que se ha realizado y decir que son otras cuestiones las que hacen que esos delitos se produzcan. Eso es una temeridad”.

Mientras tanto, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, criticó la falta de acción por parte del Ejecutivo español, a 116 días de un auto del Tribunal Supremo que obligaba a responder ante la situación de los menores en Canarias. Lamentó que “ni un solo niño ha salido de las islas, ni se ha revertido la situación de hacinamiento y de emergencia en la que vive la región”. Más de 5.700 niños y adolescentes esperan ser reubicados en la Península, una medida que, a pesar de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para introducir un mecanismo obligatorio de redistribución, ha enfrentado la resistencia de once comunidades autónomas que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional.

Una Llamada a la Reflexión y Acción Urgente

Este suceso nos obliga a mirar con lupa la situación de los menores migrantes y la gestión de las entidades encargadas de su cuidado. Es imperativo que se investiguen a fondo estas denuncias, se sancione a los responsables y se establezcan mecanismos de control rigurosos que garanticen la protección y el bienestar de estos jóvenes vulnerables. La saturación de los centros y la falta de soluciones a largo plazo son problemas estructurales que requieren una respuesta coordinada y humanitaria de todas las instituciones y niveles de gobierno. La dignidad y los derechos de estos niños no pueden ser moneda de cambio en el juego político ni en la búsqueda de beneficios económicos.