El lanzamiento del documental 'Angi: Crimen y castigo', programado para el 1 de mayo en Netflix, ha sido detenido por una orden judicial. Este fallo proviene del Juzgado de Primera Instancia 8 de Tarragona, que aceptó la solicitud cautelar interpuesta por María Ángeles Molina, quien está cumpliendo una condena en prisión por un crimen cometido en 2008. La petición se basó en preocupaciones relacionadas con la difusión de imágenes personales previas al crimen sin su consentimiento explícito. Como resultado, el contenido fue retirado del catálogo de la plataforma y sus promociones canceladas.

La controversia surge en torno a un caso emblemático dentro de la crónica negra catalana. En 2008, María Ángeles Molina fue acusada y posteriormente condenada por el asesinato de Ana Páez, una amiga y compañera de trabajo. El crimen ocurrió en un apartamento en Barcelona, donde Molina adormeció a su víctima con una sustancia desconocida antes de asesinarla. Para confundir a las autoridades, simuló un móvil sexual utilizando métodos meticulosos como la introducción de evidencia falsa en la escena del crimen.

Además de planificar meticulosamente el homicidio, Molina también preparó una coartada sólida. Ese mismo día, viajó a Zaragoza pagando los peajes con su propio dispositivo Teletac y visitó una funeraria para recoger las cenizas de su madre fallecida anteriormente. Estas acciones ayudaron a retrasar su descubrimiento hasta que una cámara bancaria reveló pruebas incriminatorias horas después del crimen.

El proceso judicial contra María Ángeles Molina culminó con una sentencia inicial de 22 años de prisión dictada por la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, tras un recurso ante el Tribunal Supremo, la pena fue reducida a 18 años debido a dudas racionales sobre si la víctima pudo defenderse o estaba inconsciente durante el acto criminal. Esta decisión refleja la complejidad del caso y las interpretaciones legales que pueden variar según las circunstancias presentadas.

La suspensión del documental resalta tensiones éticas y legales recurrentes en producciones audiovisuales sobre crímenes sensibles. Este caso se une a otros debates similares en España, incluyendo disputas judiciales relacionadas con otras series documentales prominentes, lo que pone en entredicho el equilibrio entre libertad artística y derechos individuales de privacidad.