La Superintendencia de Servicios Públicos ha emitido un llamado a la empresa Afinia, subsidiaria del Grupo EPM, para que proteja los derechos de usuarios vulnerables en el sur de Bolívar. La medida busca regular los períodos de interrupción del suministro eléctrico en áreas con altas pérdidas y bajos índices de recaudación. Enfatizando normativas legales y acuerdos comunitarios, se pretende garantizar la continuidad del servicio mientras se aborda el problema estructural.

En el marco de esta situación, la Superservicios exige a Afinia información clara sobre cómo se implementará este modelo de indisponibilidad programada. Según establece el Decreto 111 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, cualquier suspensión debe contar con el aval de autoridades locales y estar alineada con acuerdos vigentes entre las comunidades y la empresa. Este proceso busca equilibrar la sostenibilidad financiera del servicio con la protección de grupos vulnerables.

Un aspecto crucial es que ciertos sectores no pueden verse afectados por estas interrupciones. Estos incluyen hospitales, sistemas de agua potable y personas dependientes de equipos médicos como oxígeno. La ley estipula que estas necesidades básicas deben mantenerse ininterrumpidamente, respetando las condiciones específicas de cada comunidad.

Por ello, se insta a todas las partes involucradas, desde representantes municipales hasta líderes comunitarios, a buscar soluciones conjuntas. El objetivo es mejorar la gestión del pago del servicio y evitar restricciones innecesarias que impacten negativamente en la calidad de vida de las poblaciones afectadas.

Este diálogo abierto representa una oportunidad para construir acuerdos duraderos que beneficien tanto a las empresas como a los ciudadanos. Al fomentar estrategias alternativas, se puede lograr un equilibrio entre la viabilidad económica del servicio y la protección de los derechos fundamentales de los habitantes más vulnerables en la región.