La Contraloría General de la República ha revelado serias deficiencias en el Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud, afectando a más de 109.000 recetas médicas y 3,8 millones de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas. Además, se han detectado irregularidades en la contratación del servicio de hemodiálisis en Piura, comprometiendo la transparencia y eficacia del proceso. Estos problemas ponen en riesgo la salud de miles de pacientes que dependen de estos servicios vitales.
La institución de control ha identificado fallos significativos en la gestión de medicamentos esenciales para pacientes con condiciones crónicas como hipertensión y diabetes. Este incumplimiento ha dejado a muchos sin los tratamientos necesarios para prevenir complicaciones graves. La falta de un análisis detallado sobre las causas subyacentes aumenta la preocupación sobre la continuidad de este problema.
El informe oficial destaca que durante once meses, se registraron más de 109.000 recetas médicas no atendidas, lo que representa una falla sistemática en el sistema de atención domiciliaria. Los pacientes inscritos en el PADOMI enfrentan un riesgo real de deterioro en su salud debido a la interrupción en el suministro de medicamentos cruciales. Las autoridades de EsSalud deben tomar medidas urgentes para abordar esta situación y garantizar que los objetivos del programa se cumplan efectivamente.
En otra investigación separada, la Contraloría ha descubierto anomalías en la contratación del servicio de hemodiálisis en la región de Piura. Esto incluye la emisión de órdenes de compra con códigos incorrectos y la utilización de plazos ya caducados, lo cual viola las normativas establecidas para las contrataciones estatales. Esta situación ha beneficiado indebidamente a varias clínicas locales.
Las auditorías realizadas entre octubre de 2021 y noviembre de 2023 mostraron que la División de Adquisiciones de la Red Asistencial Piura contrató servicios de hemodiálisis por casi S/ 14.5 millones, utilizando procedimientos que no garantizaban la calidad ni la pluralidad de ofertas. Estas prácticas no solo comprometen la integridad del proceso de contratación sino también la seguridad y bienestar de los pacientes que requieren este tratamiento vital. Es necesario implementar controles más estrictos para evitar futuras irregularidades y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente.