El principal partido de la oposición ha desplegado una estrategia contundente tanto en el Congreso como en el Senado, pidiendo cuentas al Ejecutivo por su inquebrantable apoyo al actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Esta medida drástica se produce después de que el Tribunal Supremo ratificara el procesamiento del fiscal, lo que, según el Partido Popular, constituye una 'anomalía democrática' insostenible. La formación política insiste en que una figura que enfrenta acusaciones judiciales no debería permanecer al frente de una institución tan crucial para la persecución de delitos, exigiendo una respuesta inmediata y la asunción de responsabilidades por parte del gobierno.
Para materializar esta presión, la formación política liderada por Alberto Núñez Feijóo ha presentado una solicitud formal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para convocar una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente. El objetivo es que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparezca de manera urgente y proporcione explicaciones sobre el respaldo gubernamental al fiscal general. Paralelamente, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a través de su portavoz Alicia García, ha instado a Bolaños a presentarse ante la Comisión de Justicia, acompañando esta petición con un detallado cuestionario de 18 preguntas que buscan esclarecer los motivos detrás de la no remoción del fiscal y la valoración del gobierno sobre el descrédito institucional que esta situación podría generar.
La postura firme del Partido Popular subraya la importancia de la transparencia y la probidad en las instituciones del Estado. Esta acción parlamentaria refleja una búsqueda incansable de la rendición de cuentas y la defensa de los principios de la justicia. La exigencia de que los funcionarios públicos mantengan una conducta intachable es fundamental para preservar la confianza ciudadana en el sistema democrático y asegurar que la administración de justicia se desarrolle sin mácula ni sombra de duda, garantizando así un pilar esencial para el buen funcionamiento de la sociedad.