Un caso de posible malversación dentro de la Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE) de la Guardia Civil está llegando a su conclusión tras más de un mes de investigación. Las acusaciones incluyen el uso indebido de vehículos oficiales y fondos destinados para gastos oficiales, involucrando a un coronel y un teniente. La denuncia inicial, presentada por un miembro del cuerpo mediante canales anónimos, detalla prácticas fraudulentas extendidas en el tiempo.

El proceso ha implicado la declaración de varios actores relevantes y la evaluación de evidencias como grabaciones que podrían confirmar las acusaciones. Aunque la información reservada no tiene valor judicial directo, podría servir como base para futuras investigaciones formales. Mientras tanto, los altos mandos señalados niegan cualquier participación en actividades irregulares.

Acusaciones Graves: Uso Indebido de Recursos Oficiales

La investigación interna destaca graves acusaciones sobre el manejo inapropiado de recursos asignados a la UPROSE. Según la denuncia, altos mandos habrían desviado dinero destinado para gastos oficiales hacia fines personales. Además, se menciona el uso indebido de vehículos oficiales, incluyendo viajes privados y servicios personales sin justificación oficial.

Los detalles de la denuncia son alarmantes. Se asegura que mensualmente se recibe una cantidad considerable de efectivo del Banco de España para gastos autorizados, pero esta suma, estimada en 10.000 euros, supuestamente desaparece en manos de los mandos. En lugar de utilizar estos fondos para necesidades operativas, se gastan en lujos innecesarios como alojamiento en hoteles de cinco estrellas durante viajes oficiales. Incluso se reporta que parte de este dinero se emplea en comidas extravagantes entre los oficiales. Otro ejemplo destacado es el uso de un vehículo oficial para realizar mudanzas familiares, disfrazando estas acciones como vigilancia oficial. Estas prácticas han generado gran indignación dentro de las filas de la Guardia Civil, poniendo en duda la integridad de sus líderes.

Evaluación y Consecuencias Posibles

El proceso de investigación ha avanzado rápidamente, con declaraciones de testigos clave y análisis de pruebas proporcionadas por el denunciante. Este último afirma poseer audios que corroboran sus afirmaciones, lo que añade peso a las acusaciones. Ahora, un general designado debe emitir un informe final que determinará si existen suficientes indicios para abrir un expediente disciplinario.

El papel del Comité de Gestión de Conducta Ética de la Guardia Civil ha sido crucial en este caso. Tras recibir la denuncia, derivaron el asunto al Mando de Operaciones, quien abrió una información reservada. Aunque por ahora no se ha considerado necesario transferir el caso al Servicio de Asuntos Internos (SAI), la presión para resolver este asunto de manera transparente sigue siendo alta. El coronel acusado, actualmente de baja médica debido a un accidente de submarinismo, fue uno de los primeros en declarar, negando todas las acusaciones. Sin embargo, la acumulación de testimonios y evidencias podría llevar a consecuencias disciplinarias serias, incluso si no resulta en procedimientos legales formales. Este caso subraya la importancia de mantener altos estándares éticos dentro de las instituciones públicas, especialmente cuando se manejan grandes sumas de dinero y recursos valiosos.