Un juez del Tribunal Supremo ha iniciado una investigación secreta relacionada con información obtenida de empresas tecnológicas internacionales. Además, se ha ordenado un análisis técnico sobre datos clave para esclarecer ciertos eventos investigados. Paralelamente, el cónyuge de la presidenta regional de Madrid será citado como testigo en un caso que involucra al fiscal general por supuesta divulgación indebida de secretos.

Análisis Técnico y Cooperación Internacional

El magistrado Ángel Hurtado ha solicitado un estudio especializado a las autoridades competentes tras recibir datos relevantes desde Irlanda. Estas informaciones fueron proporcionadas por grandes corporaciones tecnológicas como respuesta a peticiones formales. El análisis se centrará en hechos específicos ocurridos en marzo de 2024, buscando reconstruir detalles críticos eliminados previamente.

Gracias a la cooperación transnacional, parece haberse recuperado información significativa vinculada a dispositivos móviles y correos electrónicos. Este avance sugiere que las empresas consultadas han logrado identificar pistas cruciales. El examen forense encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) pretende determinar cómo y cuándo se borraron esos datos, además de evaluar su relevancia en el contexto del caso en curso. La confidencialidad temporal impuesta refleja la importancia estratégica de estos hallazgos.

Nuevas Citaciones y Pruebas Clave

En desarrollo del caso contra el fiscal general, el juez Hurtado ha decidido convocar a Alberto González Amador como testigo. Esta decisión sigue un fallo parcial favorable emitido por la Sala Penal, rechazando argumentos anteriores que consideraban innecesaria esta intervención antes de otras declaraciones claves.

La presencia de González Amador busca clarificar aspectos fundamentales sobre posibles filtraciones de información sensible. Por otro lado, expertos designados analizarán minuciosamente el contenido incautado durante registros previos, especialmente aquellos relacionados con documentos obtenidos del despacho de Pilar Rodríguez. Este material podría desvelar roles protagónicos dentro del entramado investigado, marcando un giro crucial en las pesquisas judiciales.