La propuesta de Ley de Información Clasificada del Gobierno español ha provocado una profunda inquietud entre diversas instituciones clave. El Consejo Fiscal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han levantado la voz de alarma, señalando que las estrictas medidas punitivas contempladas para quienes divulguen información clasificada podrían amenazar seriamente la libertad de expresión. A pesar de estas advertencias, el ejecutivo ha optado por mantener un sistema de multas cuantiosas, justificando su decisión en la imperiosa necesidad de salvaguardar la seguridad nacional. Este debate subraya la delicada balanza entre la protección de la información estatal y el derecho fundamental a la información, con implicaciones significativas para el panorama democrático del país.

El intrincado debate sobre la nueva Ley de Información Clasificada en España

Durante el mes de julio de 2025, el Gobierno español retomó una iniciativa legislativa de gran envergadura: la Ley de Información Clasificada. Este proyecto, que había sido presentado inicialmente en agosto de 2022 y quedó en pausa tras los comicios generales, ha vuelto a la palestra pública. Sin embargo, su resurgimiento no ha estado exento de controversia, ya que ha sido objeto de rigurosos análisis por parte de entidades cruciales para el Estado de Derecho en España.

El Consejo Fiscal, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros organismos, han expresado vehementes objeciones a varios aspectos del borrador. Una de las principales preocupaciones radica en el estricto régimen sancionador propuesto para aquellos que revelen secretos protegidos. A pesar de las críticas, el Gobierno ha decidido mantener multas que pueden alcanzar los 2,5 millones de euros, una cifra considerablemente elevada.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido estas sanciones, argumentando que son esenciales cuando la divulgación de información clasificada representa "riesgos extremadamente graves para la vida de los ciudadanos", enfatizando que la seguridad nacional "no es ninguna broma". No obstante, esta postura no ha logrado disipar las inquietudes de los órganos consultados, quienes han alertado sobre posibles fricciones con el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El Consejo Fiscal, en su informe de febrero de 2023, firmado por el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue especialmente contundente. Subrayó que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que, en muchos escenarios, la sanción a la revelación de secretos puede comprometer las libertades de expresión y comunicación. Además, criticó la "significativa desproporción" de las penas, advirtiendo sobre un "indeseable efecto disuasorio" que podría limitar el ejercicio legítimo de los derechos.

En la misma línea, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alertó sobre el denominado 'chilling effect', un fenómeno por el cual la amenaza de sanciones severas podría desalentar la divulgación de información relevante para el debate público. Esta situación, según el organismo, alejaría "demasiadas cuestiones relevantes" del escrutinio democrático. A pesar de las defensas del Ministro Bolaños sobre la consideración del derecho a la información como atenuante, las objeciones persisten.

El CGPJ, en su informe de marzo de 2023, también cuestionó la necesidad de un nuevo régimen administrativo sancionador, recordando que el Código Penal ya tipifica el delito de descubrimiento y revelación de secretos relativos a la defensa nacional. La Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que tradicionalmente dependía del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a Defensa, ahora se ubicará bajo la órbita del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, una decisión que ha generado desacuerdo con el Ministerio de Defensa.

Por otro lado, el Gobierno ha sido más receptivo a las sugerencias sobre quién tiene la potestad de clasificar información. La versión inicial del proyecto permitía a un amplio abanico de autoridades declarar secretos documentos \"confidenciales\" y \"restringidos\". El CGPJ advirtió que esta amplitud podría comprometer una aplicación restrictiva y constitucionalmente ajustada de la ley. En respuesta, la nueva redacción del texto reduce significativamente este listado, limitando la capacidad de clasificar información a ministros, un secretario de Estado, la directora del CNI, la directora de Instituciones Penitenciarias y los jefes del Estado Mayor. Aunque esta es una concesión, no satisface completamente las peticiones del CGPJ, que abogaba por restringir aún más esta potestad a figuras clave como el presidente, los vicepresidentes y los ministros con competencias en seguridad y defensa.

Reflexiones sobre el equilibrio entre seguridad nacional y transparencia democrática

El intenso debate en torno a la Ley de Información Clasificada nos invita a reflexionar sobre la intrincada relación entre la seguridad nacional y los pilares de una sociedad democrática: la transparencia y la libertad de prensa. Es innegable que los estados necesitan proteger cierta información para salvaguardar sus intereses y la integridad de sus ciudadanos. Sin embargo, la imposición de sanciones desproporcionadas por la revelación de secretos, incluso cuando se argumenta la seguridad, puede transformarse en una herramienta para silenciar voces críticas y dificultar la rendición de cuentas. Como ciudadanos, debemos preguntarnos hasta qué punto las medidas que buscan protegernos no terminan, paradójicamente, limitando nuestra capacidad de informarnos y participar activamente en el debate público. Es imperativo encontrar un equilibrio que permita la protección legítima de la información sin asfixiar la esencia de la libertad de expresión, un pilar fundamental de cualquier democracia vibrante.