En el corazón del verano, mientras el sol abrasador invita al sosiego, España se ve inmersa en un debate crucial sobre su salud democrática. La habitual formalidad de la presentación del techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado ha cedido ante una preocupante desidia, que amenaza con sumir al país en una gobernanza de facto carente de legitimidad parlamentaria. La distracción mediática, enfocada en figuras de escasa relevancia política, desvía la atención de la ciudadanía de los verdaderos desafíos económicos y estructurales que enfrenta la nación. Esta situación, calificada como una \"democracia al peso\", sugiere un sistema donde la cantidad de votaciones aprobadas se valora más que la sustancia y el cumplimiento de los mandatos constitucionales, poniendo en tela de juicio la esencia misma de la representatividad y la rendición de cuentas en el panorama político español.
Durante el estío de 2025, el panorama político español se ha visto eclipsado por una serie de distracciones mediáticas que han relegado a un segundo plano debates de vital importancia para la nación. A pesar de que el calendario marcaba la inminente presentación del techo de gasto, un pilar fundamental para la planificación económica anual, las figuras prominentes en los informativos no eran la Ministra de Hacienda, sino personalidades como Santos Cerdán, Ábalos, Noelia Núñez o Juana Rivas. Este desvío de la atención pública hacia asuntos secundarios ha sido una constante, ocultando la preocupante inacción gubernamental en materia presupuestaria. Tradicionalmente, julio era el mes en que la titular de Hacienda informaba sobre los límites de gasto no financiero del Estado para el próximo ejercicio. Sin embargo, en esta ocasión, el Ejecutivo ha optado por ignorar este procedimiento esencial, sin emitir las órdenes necesarias para que los ministerios presenten sus previsiones de gasto ni establecer una senda de estabilidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), organismo encargado de la supervisión de las finanzas públicas, ha expresado su desconcierto ante la falta de acción. Esta omisión no es menor, ya que compromete gravemente la presentación de los Presupuestos Generales del Estado antes del 1 de octubre, tal como exige la Constitución. Una nueva prórroga de los presupuestos de 2023, ya aprobados por un parlamento extinto, anularía la legitimidad democrática del actual gobierno, que ya se estaría rigiendo por segundo año consecutivo con cuentas no refrendadas por la actual configuración parlamentaria. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la eficacia de su gestión, basándose en la aprobación del 87% de las votaciones parlamentarias, una estadística que, sin embargo, no logra disimular la ausencia de unos presupuestos actualizados y el deterioro de la función legislativa del Congreso.
Desde una perspectiva crítica, es evidente que el sistema democrático español se enfrenta a un momento de profunda reflexión. La primacía de la imagen y la coyuntura política sobre la gestión rigurosa y el cumplimiento de los preceptos constitucionales es un síntoma alarmante. Como ciudadanos, debemos demandar una mayor transparencia y responsabilidad a nuestros dirigentes. La \"democracia al peso\", donde el éxito se mide por la cantidad de leyes aprobadas en lugar de por su impacto y la calidad de la gobernanza, es una peligrosa pendiente que amenaza la confianza en las instituciones. Es imperativo que se restablezca el valor de los procesos democráticos y se priorice el bienestar colectivo a través de una gestión financiera sólida y unos presupuestos que reflejen las verdaderas necesidades del país, en lugar de meros ejercicios de resistencia política.