La administración provincial de Valencia ha iniciado un proceso contundente contra un funcionario de alto nivel del gobierno central, demandando la restitución de todos los emolumentos recibidos a lo largo de décadas. Esta acción surge a raíz del descubrimiento de que la plaza que ocupaba fue obtenida mediante la presentación de un diploma académico apócrifo. La entidad ha manifestado su intención de perseguir legalmente la anulación del nombramiento y la recuperación de los fondos públicos, al tiempo que insiste en la inmediata remoción del individuo de su actual cargo como delegado gubernamental para la recuperación de desastres.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha declarado públicamente la postura firme de la institución. Mompó ha enfatizado la irregularidad desde el inicio del nombramiento del señor José María Ángel Batalla, argumentando que \"su designación nunca debió ocurrir porque carecía de la cualificación necesaria para el puesto\". Esta afirmación se basa en un informe de la Agencia Antifraude, que ha corroborado la falsificación de una diplomatura en Archivística y Documentación supuestamente emitida por la Universidad de Valencia, con la que Ángel Batalla accedió a su puesto de funcionario en la Diputación durante los años ochenta.

Además, Mompó ha revelado que la Fiscalía Anticorrupción ya está investigando el asunto, calificándolo como \"un caso grave\". Se ha confirmado que la Policía Judicial solicitó el expediente de Ángel Batalla a la Diputación de Valencia a principios de julio, lo que subraya la seriedad de las acusaciones. La Diputación considera fundamental intervenir en el proceso judicial como parte afectada, buscando la nulidad de la plaza y la devolución de las cantidades percibidas de forma indebida por haber ocupado un cargo al que no tenía derecho.

El líder provincial ha señalado que este incidente no es aislado dentro del partido socialista y ha instado a la formación a ofrecer explicaciones. Para Mompó, \"no cabe otra opción que la renuncia al cargo que ocupa\" en la administración central. Ha expresado su desconcierto ante la situación, indicando que la ciudadanía no comprende lo que está sucediendo. Ha reiterado que la Diputación debe ser reconocida como víctima en esta causa y que la plaza en la institución no puede ser reocupada por el implicado, subrayando la necesidad de que los funcionarios públicos demuestren integridad y no continúen en posiciones de representación, como la de comisionado para la recuperación de desastres naturales.

La Diputación de Valencia, al tomar estas medidas drásticas, busca salvaguardar la integridad de la función pública y reafirmar el principio de que la transparencia y la legalidad son pilares inquebrantables de la administración. Este episodio resalta la importancia de la supervisión y el control sobre los procesos de contratación y promoción dentro de las entidades gubernamentales, asegurando que solo aquellos con las credenciales legítimas y el mérito adecuado ocupen posiciones de responsabilidad y confianza pública.