El magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, ha dado un paso crucial en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La apertura de una nueva pieza separada surge tras recibir información desde Estados Unidos relacionada con mensajes de WhatsApp vinculados a García Ortiz. Este caso investiga si fue él quien filtró correos electrónicos sensibles entre un abogado y un fiscal sobre un caso de fraude fiscal. Hurtado ordenó mantener el secreto de sumario durante un mes y encargó a la Guardia Civil analizar dicha información.
Detalles Clave de la Investigación
En una jornada cargada de revelaciones, el juez Hurtado avanzó significativamente en la causa al abrir una nueva pieza separada tras obtener datos procedentes de Estados Unidos. Este desarrollo se produce en el contexto de una investigación que busca esclarecer si el fiscal general envió mensajes comprometedores entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Los análisis técnicos serán realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quienes deberán informar cada cinco días sobre su progreso.
La solicitud inicial de información judicial se realizó tras descubrirse que los servidores de WhatsApp son gestionados desde EE.UU., lo que llevó a enviar una comisión rogatoria al país norteamericano. Aunque García Ortiz afirma haber borrado sistemáticamente conversaciones de su teléfono móvil como parte de un protocolo de protección de datos, testimonios contradictorios cuestionan esta versión. El objetivo final es determinar si él fue responsable de filtrar correspondencia delicada relacionada con un acuerdo legal propuesto para evitar un juicio por fraude fiscal.
Este caso destaca la importancia de proteger la confidencialidad de las comunicaciones oficiales y subraya cómo incluso medidas aparentemente preventivas pueden generar dudas cuando carecen de transparencia. Desde la perspectiva de un periodista, este escenario refleja la necesidad de establecer protocolos claros y documentados para garantizar tanto la seguridad como la integridad de los procesos judiciales y fiscales.