En una reciente iniciativa, la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Puerto Rico solicitó un amplio conjunto de datos personales relacionados con inmigrantes que poseen licencias de conducir temporales. Este movimiento busca localizar a personas sujetas a órdenes de deportación o con antecedentes penales. Sin embargo, ha generado preocupación entre comunidades afectadas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Liderada por Rebecca González-Ramos, quien ostenta el cargo de jefa de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en la región, esta acción se inscribe dentro de un contexto más amplio de endurecimiento migratorio.
Bajo la dirección de González-Ramos, la HSI ha ajustado su enfoque para centrarse en la identificación y expulsión de inmigrantes indocumentados. Aunque históricamente esta agencia se ocupaba de investigar crímenes como el fraude aduanero y el tráfico ilícito, los objetivos cambiaron significativamente tras la llegada de la administración Trump. En este marco, se realizó una solicitud formal al Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico para obtener información detallada de más de 5.000 individuos con estatus migratorio indefinido.
Según fuentes oficiales, esta lista está siendo revisada cuidadosamente. González-Ramos estima que aproximadamente 20.000 inmigrantes sin documentos residen actualmente en la isla. Durante los primeros meses de este año, ICE llevó a cabo casi 500 detenciones, de las cuales el 80% involucró a personas con historial criminal, principalmente por reingreso ilegal después de una deportación previa.
Entre los grupos más impactados están los dominicanos, quienes representan tres cuartas partes de los arrestados. Esta comunidad, profundamente arraigada en Puerto Rico, comprende trabajadores en diversos sectores, desde la construcción hasta la educación. Las redadas han provocado temor generalizado en estos barrios, aumentando la tensión social. Pese a ello, González-Ramos reiteró que "no hay forma legal de permanecer en Estados Unidos sin estatus migratorio adecuado".
La estrategia de ICE en Puerto Rico refleja un enfoque inflexible hacia la inmigración indocumentada. Con un mandato claro y acciones contundentes, la agencia busca establecer un precedente que afecta no solo a los inmigrantes, sino también a la cohesión social de comunidades enteras. Este caso subraya la importancia de debatir políticas migratorias equilibradas que atiendan tanto la seguridad nacional como los derechos humanos fundamentales.