Recientemente, un artículo publicado por Proceso ha desatado debates sobre la posible modificación de las normativas que prohíben los alimentos ultraprocesados en las escuelas mexicanas. Según el informe, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estaría considerando cambios significativos a los lineamientos vigentes desde 2023. Sin embargo, la SEP rápidamente negó tales intenciones mediante un comunicado oficial, reafirmando su compromiso con promover estilos de vida saludables entre los estudiantes.
El documento supuestamente revelado por Proceso plantea una serie de modificaciones que incluyen flexibilizar las regulaciones para productos con advertencias nutricionales y reducir las responsabilidades de inspección y sanción. A pesar de esto, la SEP confirmó que los actuales lineamientos siguen siendo aplicables en todas las instituciones educativas del país, destacando también la importancia de la participación activa de padres, docentes y alumnos en este esfuerzo colectivo.
En respuesta al reportaje mencionado, la SEP emitió un comunicado donde dejó claro que no hay planes para revertir la prohibición de alimentos ultraprocesados en las escuelas. La dependencia subrayó que estas normas forman parte integral de la estrategia "Vida Saludable, Vive Feliz" dentro del marco de la Nueva Escuela Mexicana.
Este enfoque busca fomentar hábitos alimenticios saludables entre los estudiantes, asegurando que tanto autoridades como miembros de la comunidad educativa cumplan con dichas disposiciones. Además, se reconoce explícitamente el papel clave que juegan las familias y profesores en esta iniciativa conjunta.
La SEP explicó que los lineamientos generales vigentes mantienen su validez en más de 262 mil escuelas públicas y privadas en todo México. Estos incluyen reglas estrictas sobre la preparación, distribución y venta de alimentos dentro de los planteles escolares, enfocándose en opciones nutritivas que contribuyan al bienestar general de los estudiantes.
A lo largo de los años, estas medidas han sido fundamentales para combatir problemas graves como la obesidad infantil y mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes. En su declaración oficial, la SEP expresó su gratitud hacia todos aquellos involucrados en la implementación exitosa de estas políticas. Asimismo, recalcó que cualquier cambio futuro seguirá priorizando la salud y educación integral de los estudiantes.
Por otro lado, el contenido revelado por Proceso sugiere posibles ajustes que podrían debilitar las actuales restricciones alimentarias en las escuelas. Entre estos cambios se menciona la eliminación de supervisión sobre ventas externas al campus, la autorización de ciertos alimentos procesados y la exención de universidades de cumplir con dichas regulaciones.
Además, se propone reducir el alcance de inspecciones realizadas por organismos como la Cofepris, así como disminuir las sanciones impuestas a quienes incumplen con las normativas establecidas. Tales modificaciones podrían tener consecuencias negativas en la lucha contra enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios.
Si se adoptaran dichas propuestas, podría aumentar significativamente el acceso a alimentos poco saludables dentro y fuera de los entornos escolares. Esto contrasta con los objetivos originales de reducir el consumo de refrescos, embutidos y otros productos nocivos que han llevado a México a enfrentar altos índices de obesidad infantil.
Desde su declaración inicial en 2016, cuando se declaró una emergencia epidemiológica debido a la obesidad y diabetes, el país ha trabajado arduamente para implementar estrategias efectivas. Por ello, cualquier revisión o adaptación futura deberá equilibrar adecuadamente la necesidad de flexibilidad con la preservación de estándares mínimos que garanticen una alimentación adecuada para los estudiantes.