En una decisión que marca un precedente en materia de transparencia pública, la Corte Constitucional resolvió un caso contra varias entidades gubernamentales colombianas. El conflicto giraba en torno a la negativa del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Agencia Nacional Digital para proporcionar acceso al código fuente de la aplicación ‘CoronApp’. Argumentaron que divulgar dicha información comprometería datos sensibles de los ciudadanos. Sin embargo, la Corte consideró que estas instituciones no cumplieron con justificar adecuadamente la reserva legal ni demostrar cómo revelar dicho contenido podría causar daños específicos. Como resultado, se ordenó la entrega del código fuente solicitado.

La controversia comenzó cuando un ciudadano presentó una acción de tutela exigiendo transparencia sobre el funcionamiento interno de ‘CoronApp’, una herramienta desarrollada durante la pandemia para monitorear casos de COVID-19. Las entidades involucradas argumentaron que divulgar su código fuente pondría en peligro la privacidad de los usuarios debido a la presencia de datos personales sensibles. La Corte Constitucional analizó este planteamiento minuciosamente y concluyó que las razones invocadas carecían de sustento legal suficiente.

El alto tribunal destacó que ninguna de las instituciones implicadas pudo identificar claramente cuál artículo o normativa respaldaba la reserva de la información pedida. Además, tampoco probaron que divulgar el código generara un riesgo real, presente y específico para los datos almacenados. Según el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, cualquier restricción al acceso a la información debe estar debidamente fundamentada y equilibrada frente a los beneficios públicos potenciales.

Como solución alternativa, la Corte propuso medidas técnicas que protegerían los datos sin necesidad de ocultar el código. Entre ellas destacan estrategias como segmentar la información, implementar sistemas de autenticación robustos y establecer credenciales exclusivas de acceso. Estas opciones permitirían garantizar tanto la transparencia como la seguridad requerida.

Finalmente, la sentencia incluye una directriz adicional dirigida al Consejo Superior de la Judicatura. Se le pide incorporar temas relacionados con la transparencia algorítmica en las capacitaciones oficiales para jueces y funcionarios judiciales. Este paso busca asegurar que futuras decisiones tecnológicas del Estado sean evaluadas desde una perspectiva ética y jurídica sólida.

Con esta determinación, la Corte reafirma el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer cómo funcionan las herramientas tecnológicas empleadas por el gobierno. Al mismo tiempo, subraya la importancia de encontrar un equilibrio entre la protección de datos personales y la promoción de la transparencia pública. Este fallo abre nuevas vías para garantizar que las políticas digitales del Estado estén siempre bajo escrutinio democrático.