El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha obtenido acceso a información detallada de personas que fueron multadas por conducir sin licencia en Houston, Texas. La revelación de estos datos, realizada por The Houston Chronicle, indica que el gobierno federal solicitó registros completos de los infractores, lo que incrementa el riesgo de deportación para muchos inmigrantes indocumentados. Además de nombres y direcciones, la agencia también posee detalles sobre los vehículos involucrados. Este caso ha generado preocupación entre activistas y organizaciones defensoras de derechos migratorios.
La controversia se centra en cómo estas solicitudes fueron gestionadas. Si bien la Policía de Houston niega haber proporcionado directamente la información, señalan que fue la ciudad quien compartió los datos mediante un sistema de registros públicos. Esto contradice las declaraciones anteriores del alcalde John Whitmire, quien afirmó no colaborar con esfuerzos federales relacionados con inmigración. Las implicaciones legales podrían ser graves, especialmente para quienes tienen historiales adicionales como conducir bajo la influencia o causar accidentes graves.
La obtención de datos sensibles por parte del ICE eleva significativamente el peligro de deportación para inmigrantes sin documentos en Houston. Estos incluyen no solo sus identidades personales, sino también información específica sobre sus vehículos. Esta situación plantea interrogantes éticas y legales sobre la forma en que se manejan los registros públicos y su uso potencial contra poblaciones vulnerables.
Los detalles recopilados abarcan desde nombres completos hasta números de placas de automóviles. Este alcance genera temor entre comunidades indocumentadas, particularmente cuando existen otras violaciones asociadas, como conducir bajo los efectos del alcohol o estar involucrado en accidentes graves. Tales antecedentes pueden complicar aún más sus casos frente a autoridades migratorias. Activistas han denunciado que esta práctica atenta contra la confianza entre ciudadanos locales y fuerzas del orden, afectando negativamente la seguridad pública.
La manera en que se manejaron las solicitudes de información ha generado debate público. Aunque la Policía de Houston rechaza cualquier participación directa en la entrega de datos, la ciudad sí compartió dicha información a través de sistemas oficiales de registros. Esto contradice las promesas previas del alcalde John Whitmire de no cooperar con iniciativas del ICE relacionadas con inmigración.
Organizaciones defensoras de derechos civiles argumentan que este tipo de intercambio de información puede tener consecuencias devastadoras para familias enteras. En lugar de fomentar una relación de confianza entre comunidades e instituciones gubernamentales, esta práctica podría generar desconfianza y miedo. Se insta a las autoridades municipales a reconsiderar cómo protegen los datos personales de sus residentes, asegurándose de que no sean utilizados de manera injusta o discriminatoria contra ciertos grupos sociales.