La reciente implementación de costosas tarifas de internet móvil en Cuba ha generado un debate amplio sobre su impacto social y económico. Las nuevas disposiciones establecidas por ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones, han elevado significativamente los precios de las recargas adicionales de datos. En un país donde el salario promedio apenas alcanza unos 5,5 dólares mensuales, pagar más de nueve dólares por tres gigabytes extra se convierte en una carga insostenible para muchos ciudadanos. Este panorama afecta no solo a los usuarios comunes, sino también al acceso a información crítica para periodistas independientes y medios locales.

Las repercusiones de estas políticas económicas van más allá del ámbito financiero. Expertos internacionales como José Roberto Dutriz, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han denunciado que estas medidas podrían restringir aún más la libertad de expresión en la isla. Según Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, este tipo de acciones impulsa un clima de autocensura entre los cubanos. Paralelamente, el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel justifica estas decisiones como necesarias para evitar un colapso tecnológico en el sistema de telecomunicaciones nacional. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado calmar la disconformidad generalizada, especialmente entre estudiantes universitarios que han iniciado protestas contra las medidas.

En medio de esta crisis, surgen testimonios de resistencia y solidaridad. Algunas concesiones limitadas se han otorgado a ciertos sectores, como los estudiantes universitarios, quienes ahora tienen acceso a dos recargas mensuales en moneda local. A pesar de ello, las manifestaciones continúan extendiéndose entre distintas facultades de la Universidad de La Habana. Este conflicto subraya cómo factores políticos y económicos entrelazados pueden transformarse en barreras para la comunicación abierta y libre dentro de una sociedad. Más que nunca, es fundamental reconocer el valor de mantener accesible la tecnología de información como herramienta clave para el desarrollo humano y la democracia.