Una decisión reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha generado un impacto significativo en la gestión gubernamental. El tribunal dictaminó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) tiene derecho a acceder a sistemas del Seguro Social con información delicada. Este fallo revoca una orden previa del tribunal de distrito de Maryland que prohibía dicha acción debido a preocupaciones relacionadas con las leyes federales de privacidad. A través de este proceso, se establece un precedente importante sobre el manejo de datos sensibles por parte de entidades gubernamentales.

La información involucrada incluye números de seguro social, antecedentes médicos, registros de ciudadanía, historiales escolares y declaraciones de impuestos de millones de estadounidenses. En su resolución sin firma, el tribunal afirmó que "bajo las circunstancias actuales, la Agencia del Seguro Social puede otorgar acceso a sus registros para que los miembros del equipo DOGE puedan cumplir con sus funciones". Esta decisión contó con el apoyo de los seis jueces conservadores, mientras que los tres jueces liberales expresaron su disenso. La ex jefa del DOGE, Ketanji Brown Jackson, destacó los riesgos graves de privacidad que esta decisión podría implicar para los ciudadanos.

Esta determinación surge poco después de la salida de Elon Musk del gobierno y tras una serie de intercambios verbales entre él y el presidente Donald Trump. A pesar de esto, tanto Trump como Musk han subrayado la continuidad del trabajo del DOGE, enfocado en reducir el despilfarro gubernamental. Según la administración Trump, este acceso es crucial para abordar dicho objetivo. Sin embargo, algunos críticos consideran que estas acciones podrían ser impulsadas más por sospechas infundadas que por evidencias concretas. Es vital garantizar que cualquier avance tecnológico o administrativo priorice siempre la protección de los derechos individuales y promueva la transparencia.