El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ha expresado su desacuerdo con una propuesta legislativa que busca limitar la capacidad de los profesionales de salud para incluir nombres comerciales de medicamentos en sus recetas. Esta medida, contemplada en un proyecto de ley sobre acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias, podría restringir el ejercicio médico y afectar la calidad del tratamiento recibido por los pacientes. Los médicos argumentan que esta regulación podría llevar a problemas en la prescripción adecuada de medicamentos y cuestionan las incongruencias en las sanciones propuestas.
Preocupaciones sobre la Calidad del Tratamiento Médico
Los representantes del gremio médico han destacado que la iniciativa puede poner en riesgo la eficacia del tratamiento al permitir que farmacias sustituyan medicamentos sin supervisión profesional. Argumentan que esta disposición podría comprometer la relación médico-paciente y limitar la capacidad de los doctores para seleccionar tratamientos personalizados.
Según Julio Tejada, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, la normativa en cuestión amenaza con restringir el libre ejercicio de la medicina. Afirma que los profesionales deben tener la libertad de elegir el medicamento más adecuado para cada caso específico, basándose en su experiencia clínica. Además, advierte que la obligación de prescribir solo moléculas activas podría resultar en tratamientos menos efectivos o incluso contraproducentes para los pacientes. El colegio también resalta que esta medida podría dificultar la validación y garantía del resultado terapéutico, ya que no todos los laboratorios ofrecen la misma calidad en sus productos.
Cuestionamientos Legales y Procedimentales
Los profesionales de la salud han identificado varias inconsistencias en la redacción del proyecto de ley, especialmente en lo relacionado con las sanciones previstas. Expresan preocupación por la falta de claridad sobre quién sería responsable de aplicar estas penalizaciones.
El Colegio de Médicos señala que existen serias dudas sobre la implementación de las medidas correctivas establecidas en el texto legal. Critican que no se especifica quién tendría la autoridad para emitir amonestaciones ni cómo se regularían las multas. Adicionalmente, advierten que esta propuesta podría entrar en conflicto con diversos artículos constitucionales, entre ellos aquellos que protegen los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la vida, la salud y la igualdad ante la ley. En caso de que esta iniciativa se convierta en ley, los médicos no descartan presentar acciones legales para impugnar su constitucionalidad, argumentando que violaría principios esenciales del ordenamiento jurídico nacional.