Recientemente, se dio a conocer una nueva legislación federal que busca reforzar los mecanismos de transparencia gubernamental. A pesar de esta iniciativa nacional, en Campeche, el tema aún no ha sido abordado con la seriedad que merece dentro del ámbito legislativo local. Mientras tanto, sigue vigente la figura de Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada responsable de este ámbito clave, cuya permanencia genera ciertas interrogantes debido a sus vínculos familiares con personalidades políticas locales.

En un contexto donde las instituciones deben promover la confianza pública, es evidente que algunos organismos estatales utilizan la transparencia como herramienta selectiva para perseguir intereses específicos. Aunque se anuncie un proceso formal para seleccionar nuevos dirigentes al frente de estos organismos, muchas veces este tipo de procedimientos resulta ser meramente decorativo. En este sentido, la conclusión del período de seis años de Segovia Linares debería abrirse a un análisis crítico sobre cómo mejorar la estructura actual y garantizar su independencia técnica.

Es fundamental que cada entidad federativa adopte modelos efectivos de gestión transparente, siguiendo el ejemplo establecido por la normativa federal. Sin embargo, las limitaciones legales impiden que estas instituciones alcancen niveles más altos de autonomía. Este panorama plantea un desafío importante: encontrar un equilibrio entre cumplir con los mínimos requeridos por la ley y construir sistemas verdaderamente eficientes e imparciales. La transparencia no debe ser solo una palabra bonita en documentos oficiales, sino una práctica diaria que fortalezca la democracia y el bien común.