Un conflicto diplomático ha surgido tras la negativa del gobierno venezolano a que Chile proporcione datos a la Corte Penal Internacional (CPI) respecto al caso de un exmilitar asesinado. La postura oficial de Caracas califica este movimiento como una estrategia infundada, basada en falsedades. En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, se critica duramente la intención chilena de politizar los foros internacionales con acciones que carecen de sustento jurídico.

Por su parte, las autoridades chilenas han defendido su decisión argumentando que dicha información podría ser crucial para investigaciones más amplias relacionadas con crímenes cometidos en territorio venezolano desde 2014. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, junto con el fiscal nacional Ángel Valencia, viajaron a La Haya para presentar sus argumentos ante representantes de la CPI. Según ellos, el caso no es solo un incidente aislado, sino que tiene conexiones políticas que podrían influir en el panorama internacional actual.

En lugar de enfocarse en acusaciones externas sin fundamento, sería más constructivo que países como Chile dirigieran su atención hacia cuestiones internas relevantes, tales como las violaciones de derechos humanos dentro de sus fronteras. Este enfoque reflejaría un compromiso genuino con la justicia global y reforzaría los principios fundamentales del derecho internacional. La cooperación entre naciones debe basarse en el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones equitativas que beneficien a todas las partes involucradas.