En medio de los voraces incendios que azotan Extremadura, una situación insólita ha emergido: un grupo de residentes de Cabezabellosa se ha negado rotundamente a abandonar sus hogares, desafiando las órdenes de evacuación. Su decisión, arraigada en el deseo de proteger sus tierras, ganado y propiedades, ha complicado las labores de los equipos de emergencia y ha generado preocupación entre las autoridades. Este desafío a la seguridad ha puesto de manifiesto la compleja interacción entre el apego a la tierra y la amenaza inminente del fuego, obligando a los servicios de rescate a implementar operaciones de evacuación bajo condiciones extremadamente peligrosas, incluso con la imposición de sanciones por desobediencia.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, confirmó el rescate de 19 personas en Cabezabellosa, quienes inicialmente se habían negado a salir. Esta operación se llevó a cabo en medio de un monte en llamas, con un convoy de la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, además de ambulancias y vehículos 4x4. A pesar de las advertencias del 112 y el repique de las campanas del pueblo, que alertaban sobre la necesidad de una evacuación urgente, muchos se resistieron. La obstinación de estos habitantes se debe principalmente a su deseo de salvaguardar su ganado y cerezos, vitales para la economía agrícola y ganadera de la zona. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha expresado su frustración, intentando persuadir a los vecinos de que abandonen la zona por su seguridad, enfatizando que la vida es lo más valioso y que su negativa pone en peligro también a los equipos de rescate.

Expertos forestales, como Paco Castañares, ex director general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, sugieren que la resistencia proviene a menudo de personas mayores, acostumbradas a incendios pasados que no alcanzaban la gravedad actual. Argumenta que la desconfianza hacia las autoridades y la política, sumada a la percepción de que pueden manejar la situación por sí mismos, contribuye a su negativa. Bautista reitera que, aunque comprende su apego a sus bienes, estos residentes no son héroes y su comportamiento desvía recursos esenciales para combatir el fuego, lo que a su vez agrava la situación. La región ha sufrido la quema de casi 5.000 hectáreas, con vientos de hasta 50 km/h, lo que ha elevado el nivel de emergencia a 2 y ha provocado el desalojo de varias localidades, incluyendo Cabezabellosa, Villar de Plasencia y Jarilla, y el confinamiento de Oliva de Plasencia. Incluso María Guardiola ha solicitado apoyo adicional al Gobierno, incluyendo unidades de la UME, para contener la devastación.

La alcaldesa de Cabezabellosa, María Ángeles Talaván, lamenta la actitud de algunos de sus vecinos, señalando que, aunque entienden el valor de sus propiedades agrícolas y ganaderas, la prioridad debe ser la vida humana. Fernando Nicolás, alcalde de Ahigal, también afectado, subraya los riesgos que estos residentes asumen, no solo para ellos mismos, sino también para los equipos de emergencia. La dramática situación se evidenció con la evacuación de personas que necesitaron asistencia médica, incluyendo camillas y oxígeno, tras pasar horas refugiados en sus hogares. El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha acogido a 320 evacuados en el polideportivo municipal, donde se les brinda apoyo y servicios básicos. La Guardia Civil, como última medida, ha comenzado a imponer multas por desobediencia a las órdenes de evacuación, esperando que esta medida impulse a los residentes a priorizar su seguridad ante la furia de las llamas.