Un escándalo de supuesta falsificación académica sacude la esfera pública española, involucrando a un alto funcionario designado para una tarea crucial. La Agencia Antifraude de Valencia ha desvelado irregularidades significativas en la trayectoria profesional del comisionado gubernamental encargado de la recuperación tras la DANA, arrojando serias dudas sobre la validez de sus credenciales universitarias. Este informe no solo pone en entredicho la integridad del funcionario en cuestión, sino que también señala posibles negligencias por parte de la administración que facilitó su ingreso y ascenso.
La investigación apunta a un patrón de conducta que podría haber permitido al comisionado beneficiarse de una posición y emolumentos superiores a los que le corresponderían legítimamente. La controversia se intensifica al considerar que estas revelaciones emergen justo cuando el funcionario se acerca a la jubilación, lo que plantea interrogantes sobre la supervisión y los mecanismos de control dentro de las instituciones públicas. Este caso subraya la importancia de la transparencia y la rigurosidad en la verificación de las cualificaciones en el sector público, para mantener la confianza ciudadana en sus representantes.
Revelación de un Título Presuntamente Fraudulento
La Agencia Antifraude de Valencia ha puesto al descubierto un incidente de gran envergadura relacionado con el comisionado del Gobierno para la gestión de los desastres causados por la DANA. Se ha revelado que José María Ángel Batalla, en 1985, habría utilizado una copia de un diploma de Archivística y Biblioteconomía de la Universidad de Valencia que, según las pesquisas, nunca obtuvo, para asegurar su entrada en la administración pública. Este informe, emitido en mayo, concluye de manera contundente que no hay constancia de que el comisionado haya finalizado sus estudios en la mencionada universidad, calificando el título presente en su expediente como presumiblemente apócrifo.
Ante las acusaciones, Ángel Batalla ha manifestado desconocimiento sobre el diploma, alegando haber presentado únicamente certificaciones académicas y administrativas legítimas. No obstante, ha declinado verificar el documento en cuestión, insistiendo en que las imputaciones forman parte de un plan político y son infundadas. La investigación de Antifraude se inició tras una denuncia anónima, detectando que el funcionario accedió a un puesto de categoría A2 sin la titulación requerida. Las averiguaciones revelaron una «fotocopia no autenticada» del supuesto título, y la consulta con los registros universitarios arrojó un resultado de «titular no identificado», sugiriendo que Ángel Batalla no posee ningún título universitario registrado.
Implicaciones y Contradicciones en la Trayectoria
Las implicaciones de esta revelación van más allá de la falsificación individual, señalando posibles responsabilidades de los funcionarios de la Diputación de Valencia. El informe de Antifraude sugiere que estos actuaron con negligencia al validar la titulación sin realizar las comprobaciones pertinentes, permitiendo así una situación irregular. Se estima que José María Ángel Batalla podría haber percibido salarios y beneficios indebidamente elevados, lo que ha llevado a la consideración de posibles ilícitos administrativos y disciplinarios por parte de varios miembros de la Diputación de Valencia.
La controversia se agudiza al contrastar los diversos currículos de Ángel Batalla. Mientras su perfil oficial en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática omite la Universidad de Valencia, haciendo referencia a la Biblioteca Nacional, un currículum previo del PSOE valenciano en 2011 sí mencionaba estudios de Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia, así como Geografía e Historia y un Máster en ESADE. Las propias declaraciones de Batalla, en las que admite no haber concluido la carrera de Historia, solo contribuyen a la confusión. La situación ha sido comunicada a la Diputación de Valencia, que ha iniciado los trámites judiciales correspondientes, en un caso que subraya la importancia de la integridad y la supervisión en la función pública.