María Tato, ex directora de la Candidatura del Mundial 2030, ha revelado su versión sobre un conflicto interno que sacudió a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este caso implica manipulaciones en la puntuación de las sedes candidatas y tensiones entre los miembros clave del comité organizador. Aunque Tato niega cualquier irregularidad personal, asegura que errores técnicos y ajustes basados en criterios FIFA provocaron cambios significativos en la lista final de estadios seleccionados.
Además, Tato vincula este escándalo con enfrentamientos políticos entre la RFEF y el Consejo Superior de Deportes (CSD), así como diferencias internas dentro del comité. Según ella, presiones externas y propuestas gubernamentales para introducir "criterios estratégicos" añadieron complejidad al proceso. Finalmente, tras una serie de acusaciones cruzadas, Tato decidió renunciar a su cargo.
La controversia central gira en torno a modificaciones realizadas en la evaluación inicial de las sedes deportivas. Tato argumenta que ajustes necesarios según estándares FIFA llevaron a variaciones en la clasificación final de los estadios. Estos cambios incluyeron la exclusión de Balaídos y la inclusión de Anoeta, generando reacciones adversas entre algunos miembros del comité.
Según testimonios recopilados, Tato inicialmente elaboró una lista preliminar siguiendo parámetros técnicos establecidos. Sin embargo, después de una reunión clave con otros dos integrantes del comité, se implementaron correcciones que afectaron la composición definitiva de las once sedes seleccionadas. Los factores evaluados incluían aspectos como sostenibilidad medioambiental, capacidad operativa y condiciones financieras. En particular, se destacó que Balaídos requería mayores reformas estructurales en comparación con otras opciones viables. Tato insiste que todos estos ajustes fueron comunicados y conocidos por sus compañeros de comité, aunque éstos posteriormente negaron tal participación.
El caso también expone tensiones subyacentes entre instituciones deportivas y gubernamentales. Según Tato, estas disputas influyeron en la dinámica interna del comité organizador y contribuyeron al clima de desconfianza que culminó en su salida voluntaria del proyecto.
A lo largo de su declaración, Tato subraya cómo las relaciones laborales con otros miembros del equipo se deterioraron debido a intereses divergentes y estrategias contradictorias. Además, menciona que el gobierno sugirió incorporar criterios adicionales enfocados en proximidad geográfica con países fronterizos, específicamente beneficiando a Vigo. Esta iniciativa fue vista como una interferencia indebida en el proceso técnico. Ante la creciente polarización y falta de apoyo institucional, Tato optó por renunciar, defendiendo su inocencia y criticando un sistema donde pocas personas asumen responsabilidad ante crisis similares.