El veredicto en el proceso judicial contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha generado una intensa expectación nacional, con su abogado, Jaime Granados, alertando sobre las posibles repercusiones institucionales que una sentencia condenatoria podría acarrear. Granados subraya la singularidad de este caso, siendo la primera vez que un exmandatario constitucional es sometido a juicio en la historia de Colombia, y lamenta lo que considera una fuerte presión política sobre el sistema judicial.

El próximo lunes, a las 8:30 de la mañana en Colombia, la jueza Sandra Heredia emitirá su fallo sobre la presunta culpabilidad o inocencia del exlíder del Centro Democrático en los cargos de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno. Granados sostiene firmemente la inocencia de su defendido, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento probatorio y que el proceso ha sido influenciado por intereses políticos de la \"extrema izquierda\", en particular por el actual gobierno de Gustavo Petro.

El abogado detalló la trayectoria de este complejo caso, que se remonta a años de investigaciones iniciadas tras denuncias de Iván Cepeda, un político que, según Granados, construyó su carrera atacando a Uribe. El proceso, que incluyó intercepciones telefónicas ilegales al expresidente y a su abogado, ha visto a dos fiscales recomendar el archivo de la causa, decisiones que fueron desestimadas por los jueces. Finalmente, un tercer fiscal, vinculado a un opositor de Uribe, fue quien formuló la acusación, llevando el caso a juicio en febrero de este año.

Granados insiste en que, de no ser por la prominencia política de Uribe y el contexto de las elecciones de 2026, este juicio no estaría ocurriendo. Destaca la perdurable influencia de Uribe como principal figura de oposición al gobierno actual y lamenta la estrategia de sus adversarios de erosionar su reputación. El defensor del expresidente también hizo hincapié en la preocupación por la independencia del Poder Judicial en Colombia, señalando que, a pesar de la solidez institucional histórica del país, la presión ejecutiva y legislativa podría estar intimidando a los jueces.

El letrado vaticina que, independientemente del resultado, el caso se elevará al Tribunal Superior de Bogotá, ya que tanto una absolución como una condena pueden ser apeladas. Sin embargo, enfatiza que una sentencia condenatoria, incluso de pocos años, sería profundamente injusta y podría generar una grave inestabilidad social en el país, equiparable a una \"quiebra institucional\".

Este \"juicio del siglo\" ha puesto de manifiesto las profundas divisiones políticas y la fragilidad de las instituciones en Colombia, con el veredicto del lunes marcando un momento crucial para el futuro judicial y político de la nación.