Un incidente de seguridad digital ha impactado significativamente a una entidad gubernamental en México. La infraestructura tecnológica de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur sufrió un ataque que puso en peligro datos financieros cruciales correspondientes al año fiscal 2024. Este hecho ha llevado al gobierno estatal, bajo la dirección de Víctor Manuel Castro Cosío, a solicitar formalmente una prórroga para presentar la cuenta pública ante el legislativo local.

El ciberataque, descrito como un sofisticado software malicioso conocido como ransomware, afectó severamente los servidores físicos encargados del procesamiento y almacenamiento de información crítica. Según Narciso Agúndez Gómez, director general de la API, este evento impidió el funcionamiento regular de sistemas esenciales tanto administrativos como operativos dentro de la organización. Aunque se han desplegado esfuerzos internos y externos para recuperar los archivos comprometidos, persisten dudas sobre la posibilidad de restaurar completamente toda la información dañada.

Este desafío tecnológico ha generado preocupación debido al volumen financiero involucrado, excediendo los 400 millones de pesos anuales, que deben ser verificados por las autoridades auditadoras estatales. En respuesta a esta situación inesperada, el gobierno regional justificó la necesidad de extender el plazo establecido mediante disposiciones constitucionales locales, buscando garantizar el cumplimiento adecuado de obligaciones fiscales y administrativas pendientes.

En tiempos donde la dependencia de la tecnología crece exponencialmente, eventos como este subrayan la importancia de fortalecer medidas de ciberseguridad para proteger activos digitales vitales. Además, resaltan la necesidad de contar con planes de contingencia efectivos que minimicen riesgos futuros y aseguren la continuidad operativa de instituciones clave.