La transparencia gubernamental enfrenta nuevos desafíos en el estado de San Luis Potosí. La reciente reestructuración de canales de comunicación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Tras la eliminación de un grupo de difusión masiva y la creación de uno nuevo, varios periodistas han reportado exclusiones significativas en el acceso a información oficial. Este cambio no solo afecta a los medios establecidos, sino también a los periodistas independientes que buscan informar al público sobre temas de interés general.

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia es fundamental en cualquier democracia moderna. Según denuncias documentadas por Artículo 19, la nueva política de admisión al canal de comunicación exige requisitos que algunos consideran excesivos y discriminatorios. Estos incluyen cartas membretadas con sello oficial, copias de identificaciones laborales y evidencias de trabajo periodístico reciente. Tales exigencias dificultan el acceso para quienes trabajan fuera de estructuras institucionalizadas, generando una brecha en la libre circulación de información. Esta situación contrasta con los principios internacionales que promueven un acceso abierto y equitativo a datos públicos.

El fortalecimiento de la libertad de expresión requiere acciones concretas hacia la inclusión y la transparencia. En su más reciente informe, Artículo 19 resaltó que San Luis Potosí ocupa el séptimo lugar nacional en agresiones contra la prensa, lo que subraya la urgencia de revisar prácticas restrictivas en materia informativa. A nivel país, las estadísticas muestran que el bloqueo de información es uno de los principales obstáculos para el ejercicio profesional de los comunicadores. Es momento de adoptar criterios que garanticen el derecho ciudadano a estar informado, promoviendo así un entorno donde la verdad prevalezca sobre cualquier barrera artificial.