El gobierno estatal ha dado un paso importante hacia la organización y supervisión de los centros de rehabilitación. En una reciente declaración, el titular de la Secretaría de Gobierno destacó la necesidad de contar con datos precisos sobre estos establecimientos en cada región. Para ello, se solicitó a las autoridades municipales información completa acerca de los centros operativos en sus áreas respectivas. Sin embargo, varios municipios de menor tamaño no han proporcionado la información requerida, lo que plantea preocupaciones sobre la transparencia en este proceso.

Además de la licencia sanitaria, es crucial que estos lugares cumplan con otros requisitos legales para garantizar la seguridad de sus usuarios. Según informes oficiales, existen aproximadamente 320 centros identificados en toda la entidad, aunque solo 255 cuentan con la certificación oficial necesaria. Esto significa que muchos aún deben cumplir con normativas fundamentales como permisos de uso de suelo y medidas de protección civil. Estas condiciones son esenciales para asegurar que los internos reciban atención adecuada en entornos seguros.

La regularización de estos espacios no solo busca mejorar las prácticas actuales, sino también prevenir futuros incidentes que pongan en riesgo vidas humanas. Es indispensable que tanto las autoridades locales como estatales trabajen juntas para implementar políticas eficaces que promuevan la salud y bienestar de quienes buscan ayuda en estos centros. Este esfuerzo conjunto representa un compromiso con la comunidad y refleja un enfoque responsable hacia la problemática de las adicciones.