En un pronunciamiento reciente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, refutó enérgicamente las acusaciones sobre el supuesto fin de la democracia en su país, tras la autorización de la reelección presidencial indefinida. El mandatario atribuye estas objeciones al tamaño y la situación económica de la nación centroamericana, contrastando la percepción global con la permisividad hacia la reelección ilimitada en economías más avanzadas. Esta postura subraya la firmeza de Bukele frente a las opiniones adversas, en un contexto de creciente poder y popularidad en El Salvador.

El domingo pasado, el líder salvadoreño, Nayib Bukele, utilizó la plataforma X para emitir un irónico comentario en inglés, donde señalaba que aproximadamente el 90% de las naciones industrializadas permiten la permanencia indefinida de sus jefes de gobierno sin generar controversia. Sin embargo, cuando un país de menor envergadura y con recursos limitados como El Salvador adopta una medida similar, instantáneamente se le tilda de socavar la democracia. Bukele, quien ha consolidado un poder considerable en el país y goza de una alta aprobación pública gracias a su implacable campaña contra las organizaciones criminales, ha logrado allanar el camino para buscar sucesivas reelecciones sin restricciones, un objetivo que había expresado anteriormente.

La habilitación de la reelección sin límites, respaldada por 57 de los 60 legisladores en el Congreso, fue una medida esperada por los seguidores de Bukele. No obstante, para sus detractores, esta decisión representa la consolidación de un régimen de corte autocrático en El Salvador. El publicista de 44 años, quien asumió la presidencia en 2019 y fue reelegido con un abrumador 85% de los votos en 2024, ha mostrado en los últimos meses un perfil menos conciliador.

Durante un lapso de cuatro meses, el gobierno salvadoreño mantuvo bajo custodia a 252 ciudadanos venezolanos, deportados desde Estados Unidos, en una prisión de máxima seguridad destinada a miembros de pandillas. Los detenidos denunciaron haber sido sometidos a torturas y maltratos durante su encarcelamiento. Asimismo, en los meses de mayo y junio, se registraron detenciones de activistas de derechos humanos y juristas críticos con la administración de Bukele. Entre los casos más notorios se encuentra el de Ruth López, de la ONG Cristosal, quien había denunciado presuntos actos de corrupción y cuestionado las políticas de seguridad implementadas por el gobierno.

En su discurso anual, pronunciado el 1 de junio al cumplirse el primer año de su segundo mandato, Bukele declaró sin rodeos su indiferencia ante quienes lo tildan de \"dictador\". Aunque numerosos defensores de los derechos humanos y periodistas han optado por el exilio en los últimos meses, el presidente salvadoreño insiste en que su gestión ha marcado el inicio de una nueva era para El Salvador.

Este panorama político, caracterizado por la reelección presidencial indefinida y la fuerte represión de la criminalidad, posiciona a El Salvador en el centro del debate internacional sobre la gobernabilidad y el respeto a las instituciones democráticas. A pesar de las críticas internacionales y las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos, el presidente Bukele mantiene una postura firme, argumentando que las acusaciones en su contra son infundadas y buscan desestabilizar su proyecto de nación. La situación en El Salvador continúa evolucionando bajo la administración de Bukele, quien parece decidido a implementar su visión de país, sin ceder ante las presiones externas.